En la sede de la Asamblea Nacional se inauguró el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses, un espacio para intercambiar criterios en torno al sistema de medicina legal y ciencias forenses, de acuerdo a las normas modernas de la investigación científica.
Al dar la bienvenida a académicos, investigadores, funcionarios, estudiantes e incluso familiares de víctimas de desapariciones, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, recordó que durante este período se han consolidado leyes que buscan luchar contra la impunidad en casos de desapariciones y delitos de lesa humanidad.
“Los avances científicos que ha tenido el Ecuador en materia forense contribuyen, de forma clara, a que no exista impunidad ante los crímenes y estos se puedan resolver en un tiempo menor”, manifestó.
Sin embargo, dijo, toda la especialización no tendría valor alguno sin las normas que respalden el trabajo que se hace en este ámbito, como el Código Integral Penal (COIP). Recordó que esta normativa está en consonancia con la Constitución (art.80), que señala que no prescriben ni son susceptibles de amnistía los delitos de lesa humanidad como la tortura, desaparición forzada y tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos de odio.
También reiteró el compromiso que existe desde la Legislatura con las familias de personas desaparecidas y citó que el artículo 585 del COIP establece que una investigación no se podrá concluir hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para determinar lo ocurrido con una persona desaparecida.
“Con estos avances legislativos garantizamos los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, porque hoy en materia de derechos humanos, la Constitución y los instrumentos internacionales tienen vigencia imprescriptible en el sistema jurídico ecuatoriano”, dijo.
Otra normativa a la que se refirió la principal de la Legislatura es la Ley para la Reparación de Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que reconoce la responsabilidad del Estado sobre las violaciones de los derechos humanos.
“Estamos hablando de reparación integral, de justicia histórica, porque la impunidad no puede ser aceptada por la sociedad”, acotó Rivadeneira.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Patricio Benalcázar, se refirió a la importancia de que la seguridad y la justicia permitan garantizar los derechos de las personas. En el evento que se realiza en el salón José Mejía Lequerica también asistieron representantes de policía forense e investigadores de España, Guatemala, México y Chile.
Las conclusiones del II Congreso Internacional de Ciencias Forenses se entregarán a la Asamblea Nacional con el fin de que puedan servir como insumos en el análisis y seguimiento de la aplicación de las leyes.
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