El proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, que tiene el carácter de urgente en materia económica, será tramitado en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinará qué comisión lleva adelante su tratamiento. La legislatura tiene un plazo de 30 días para debatirlo, según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución.
El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Fausto Terán, manifestó que el proyecto beneficiará a los 221 municipios del país. Los alcaldes podrán mejorar la capacidad de proveer servicios públicos, ya que gozarán de más presupuesto; además permitirá combatir la especulación del suelo por la venta de un bien inmueble.
El parlamentario explicó que la especulación sobre el valor de la tierra se da cuando las inmobiliarias compran una propiedad a bajo precio y como conocen que se va construir una vía, o se van a realizar obras de infraestructura como agua, alcantarillado venden la propiedad a un precio mucho mayor, es decir, un segmento reducido de la población obtiene ganancias extraordinarias ilegítimas que provienen de la especulación en la tenencia de bienes inmuebles. Eso es lo que se quiere evitar con la propuesta legal, enfatizó.
De su lado, la legisladora Alexandra Ocles señaló que el objetivo central del proyecto va en la línea de regular y combatir la especulación del suelo y la especulación inmobiliaria que se da en el país, por tanto, el objetivo central de la propuesta es evitar la especulación del suelo y que se eleven los costos en beneficio de particulares, como consecuencia de obras que realiza el Estado. Hay abusos por parte de las empresas inmobiliarias, agregó.
La parlamentaria señaló que una vez que el CAL determine la comisión que estudiará el proyecto, lo esencial es analizar la temática con los distintos actores y escuchar las diversas miradas sobre el tema.
Recordó que existe una norma que se está generando desde los propios municipios y también desde la Ley de Ordenamiento Territorial que tiene algunos elementos que pueden ser considerados en este combate a la especulación.
Alexandra Ocles, precisó que la propuesta no atenta contra la propiedad privada, apunta a determinar valores reales de los predios, para lo cual los municipios deben contar con un registro catastral actualizado, a fin de que cuando el Estado declare una zona de utilidad pública, la ciudadanía no sufra los reveses de la especulación en obras que también ejecutan los propios gobiernos municipales.
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