Gabriela Rivadeneira: Las leyes se aprobaron con la participación de la gente

Martes, 20 de diciembre del 2016 - 13:24 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Al hacer un balance del trabajo de la Asamblea Nacional, durante este período la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, destacó las leyes aprobadas y la consulta pre-legislativa como un mecanismo fundamental que ha permitido recoger propuestas y observaciones de la ciudadanía, de forma directa.

Por primera vez en la historia, la Asamblea Nacional realiza una evaluación de su gestión, alcanzando un 87% de cumplimiento del plan propuesto a la ciudadanía en 2013. Antes de finalizar este período, el porcentaje será del 100%.

La presidenta Rivadeneira mencionó en el programa “Contigo de Ley” de este martes que en este período de gestión, ninguna ley ha sido aprobada sin el conocimiento o la participación de la ciudadanía, con el fin de constatar que se respetan y cumplen derechos.

Las leyes se han enfocado en cinco grandes ejes: género, intercultural, inter generacional, discapacidad y movilidad humana. Estos ámbitos se encuentran transversalizados en las diversas leyes, como la Ley que permite la creación de los Consejos de Igualdad, señaló.

La principal del Legislativo destacó que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional buscan pagar una deuda social a grupos que han sido relegados, así como restituir sus derechos en múltiples ámbitos. Rivadeneira destacó que la inclusión se refleja en la conformación del Parlamento, integrado en un 42% por mujeres, cuando en el pasado este porcentaje alcanzaba el 6%.

“Somos el único país en el mundo con tres mujeres al frente del Poder Legislativo”, reconoció. Esta participación ha sido posible gracias a que la Constitución de Montecristi permitió pasar de la Ley de cuotas a una participación alternada e inclusiva de las mujeres.

Mencionó que las leyes reconocen la incorporación de personas que estaban invisibilizadas en la sociedad como las personas con discapacidad, permitiendo además la inclusión de migrantes.

Explicó que la consulta pre-legislativa se activa para que los diferentes colectivos intervengan en caso de que una ley pueda afectar derechos, de modo que esta participación sea efectiva.

 “La consulta pre legislativa ha permitido la participación ciudadana en varios proyectos. Otro mecanismo ha sido la socialización permanente de los asambleístas y comisiones en todo el territorio ecuatoriano. Ningún proyecto ha llegado a votación al pleno sin que antes hayan participado los sectores implicados”, dijo. Rivadeneira

También destacó la participación de la ciudadanía en las leyes de Aguas, de Cultura, Código Ambiental y Ley de semillas, que tendrá este jueves su audiencia nacional con la participación de las organizaciones inscritas.

Leyes que promueven la inclusión

La visión de las leyes, expresó, dio un giro hacia el ser humano por sobre el capital, en contraste con el Estado neoliberal que reconocía únicamente a quienes aportaban al capital como personas sujetas de derechos. “Hoy reconocemos como trabajo a toda actividad lícita que realizan los seres humanos”, puntualizó.

Como ejemplo de esta visión está la Ley de Justicia Laboral, que reconoce el trabajo no remunerado de las amas de casa y su inclusión en el sistema de Seguridad Social para que puedan acceder a una pensión jubilar justa. El trabajo de cerca de un millón y medio de amas de casa representa el 15.4% del PIB.

En este ámbito, la presidenta de la Asamblea destacó también el reconocimiento al trabajo de comerciantes, así como artistas y gestores culturales que promueve la Ley de Cultura, al establecer su inclusión el sistema de Seguridad Social, bajo un sistema flexible de aportes.

Leyes para la reactivación económica

Las leyes en el ámbito económico buscan enfrentar un entorno económico mundial complicado, que se reflejó en el Ecuador con la reducción –en el 2015- de un punto en el índice de empleo, como producto de la desaceleración económica, explicó Gabriela Rivadeneira. “Eso significó que más o menos de 75 a 80 mil familias quedaran en el desempleo”, señaló.

En esta línea, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada Laboral. Esta normativa prevé que el Estado asuma el pago correspondiente a la Seguridad Social de miles de jóvenes, como un incentivo para que puedan accede a su primer empleo y ha permitido la inclusión de 1.500 jóvenes entre 18 y 26 años.

Gabriela Rivadeneira precisó que “el primer empleo garantiza tener una primera experiencia laboral para el empleo siguiente”. Destacó además el Seguro de Desempleo que se incluye en esta normativa que al momento ha beneficiado a cerca de 28 mil familias con necesidades de ingresos en tanto consiguen empleo.

Otra de las Leyes destacadas es la que permite las Alianzas Público – Privada, aprobada en 2015, que promueve no solo la reactivación de la economía sino el fomento de la inversión privada, y del incremento de plazas de trabajo, como en el caso del Coca Codo Sinclair, entre otros.

La Ley de Incentivos Tributarios, por otro lado, comprende un apoyo en materia tributaria para diferentes sectores productivos, no solo empresas, sectores de la economía popular y solidaria, sino también del sector agropecuario y ganadero.

Estas leyes han respondido a las necesidades del país, dijo, no obstante persiste el desempleo por lo que es necesario afianzar una legislación enfocada al sector productivo, así como normativas que permitan avanzar en la universalización de la seguridad social.

Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana

Tras el terremoto del pasado 16 de abril, se aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana que ha permitido reactivar la economía de las provincias de Manabí y Esmeraldas e incentivar principalmente la reconstrucción de viviendas, vías, así como servicios.

Expresó que la Ley se ha enfocado en establecer líneas de crédito con altos subsidios para el sector hotelero y turístico, a fin de tener en pocos meses una reactivación productiva. Gabriela Rivadeneira recordó que luego del terremoto, la Asamblea Nacional realizó el programa “Ayudatón por la Reconstrucción”, que incluyó aportes de funcionarios, asambleístas y la sociedad en general, el cual generó recursos que permitieron la construcción de un conjunto de 25 viviendas en Jama (Manabí).

Para constatar la etapa inicial de la construcción, la principal de la Asamblea Nacional confirmó que viajará la próxima semana a este cantón.

Fiscalización

En materia de fiscalización se han tramitado 5.087 solicitudes de información. Al respecto, la principal del Legislativo expresó que la nueva fiscalización está alejada del “circo mediático”.

“En el Congreso del pasado el juicio político era un arma de chantaje político a un funcionario público de otra función, especialmente de la Función Ejecutiva”, explicó. La fiscalización es una tarea diaria y responsable, mediante un sistema visible para todos los ciudadanos, alojado en la página web de la Asamblea Nacional, en donde se pueden ver las solicitudes realizadas por todos los asambleístas (oposición y oficialistas) para exigir respuestas en cuanto a denuncias o irregularidades por parte de instituciones públicas.

“Si la información es satisfactoria puedo aclarar cuál es la aplicación de la política pública o del uso de los recursos del Estado, si no lo es, como legislador tengo la posibilidad de que eso que no ha sido aclarado por el funcionario público pase a una Comisión Especializada para que, según el tema a tratarse, se convoque a los funcionarios públicos a una audiencia en la que expliquen sus actuaciones”, agregó.

Conforme a este proceso si la explicación del funcionario en una Comisión Especializada no es satisfactoria, el caso retorna al Consejo de la Legislatura para que se inicie el trámite de juicio político. “Ese es un procedimiento transparente, sin chantajes”, puntualizó.

Recordó que hay problemas resueltos gracias a este sistema. Mencionó que la Comisión de Fiscalización tiene dos casos al momento: el de un posible juicio político al Defensor del Pueblo así como el concerniente a las acciones de las autoridades de control en torno a la red de corrupción de Petroecuador, que fue denunciado por este Gobierno y la Asamblea Nacional.

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