Este miércoles, 11 de enero, a las 09:30, continuará el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública. El tratamiento inició el 28 de diciembre pasado. El cuerpo legal busca perfeccionar los procesos en este ámbito, para garantizar su eficiencia técnica y económica.
En el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, se realizaron seis cambios. Uno de ellos tiene que ver con las facilidades que se les otorga a quienes se encuentran en el ámbito de la economía popular y solidaria, así como pequeñas y medianas empresas, para que participen en los concursos públicos de contratación pública.
El presidente de la comisión, Richard Calderón, explicó que la exigencia de garantías es una barrera para que estos sectores entren en los procesos de contratación pública, por lo que en el proyecto se proponen otros mecanismos, como utilizar el sistema de garantía crediticia contemplado en el artículo 149 del Código Monetario y Financiero.
Otro de los temas que se plantea para el segundo debate es el referente a la contratación integral a precio fijo. Calderón aseguró que se busca extender el uso de este procedimiento. Recordó que con la ley actual rige el valor que resulta de multiplicar el coeficiente de 0,1 o más del Presupuesto General del Estado, mientras que ahora se plantea que sea por el 0,000007, sin que se dejen de aplicar las modalidades de cotización y licitación.
El asambleísta señaló que en la actualidad, con las variaciones, el costo puede incrementar en un 70% y que además produce incumplimiento de metas y afecta la planificación. En cambio, la contratación por precio fijo representa técnica y económicamente mejores condiciones respecto a la modalidad de precios unitarios, evitará distorsiones e incrementos de precio y plazo. El contratista deberá asumir la mayor carga de riesgos y responsabilidades, agregó.
Para las expropiaciones, que es otro de los temas, hoy existen tres normas. Calderón afirmó que se busca que esta modalidad se aplique con una sola norma, respetando el precio justo, para que haya claridad, seguridad jurídica y un proceso homologado.
En cuanto a la Contribución Especial de Mejoras, el presidente de la Comisión, explicó que este mandato ya lo tienen los otros niveles de gobierno y que hoy se coloca esta atribución para el gobierno central. Manifestó que este mecanismo permitirá que el Estado recupere una parte de la revalorización producida por sus inversiones en obras públicas.
A fin de fortalecer los estudios precontractuales mediante la reducción de los porcentajes para la realización de contratos complementarios, obra nueva y diferencia de cantidades, el asambleísta dijo que se refuerza la responsabilidad que tienen los consultores y servidores públicos que elaboran dichos estudios. Manifestó que se establece una sanción adicional en el caso de que la información proporcionada por los oferentes en los procesos de contratación pública no sea verídica, a fin de disuadir el cometimiento de este tipo de conductas.
Debido a que el pago por concepto de obras y servicios que contrata el Estado puede demorar, Calderón señaló que se permite que los derechos de cobros aceptados para el pago puedan negociarse en el mercado de valores, para lo que se establece una excepción a la prohibición de cesión de los derechos y obligaciones emanadas en los contratos.
LILA/pv
