La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, remitió al Ejecutivo el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana ,para que lo sancione u objete, en el plazo de 30 días, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según los artículos 137 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo tiene 30 días para sancionar u objetar de forma fundamentada el proyecto. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones, se promulgará y publicará en el Registro Oficial.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Asamblea. Entre otros aspectos, regula el ingreso de extranjeros y garantiza derechos y obligaciones para los ecuatorianos que viven en el exterior. El Estado velará por el respeto y derechos de todos los ecuatorianos, independientemente de donde se encuentren. Aspectos como la ciudadanía universal y libre movilidad se resaltan en la norma.
Para la asambleísta Mary Verduga, esta ley es un instrumento que permitirá que quienes están fuera, salen y llegan de otros países al Ecuador, puedan contar con una norma que les ampare. Dijo que el objetivo específico es regular el ejercicio de derechos y obligaciones, institucionalidad, mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende a los migrantes, inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornados, quienes requieran protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Aseveró que el Ecuador, al entrar al proceso de cambio, generó una política pública, que permite que los ecuatorianos retornen al país con derechos y obligaciones, así como lo concerniente al menaje, familia, reencuentro, que son temas que se plasman en la ley.
Afirmó que reconoce el tema de la ciudadanía universal, libre movilidad, prohibición de la criminalización, protección y el respeto de los derechos humanos de los ecuatorianos en el exterior, independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren, pues el Estado velará siempre por el respeto y el reconocimiento de los derechos de toda la comunidad ecuatoriana.
Reiteró que Ecuador es un país que reconoce la ciudadanía universal. "Tanto las personas que viven en el país, como las que salen, deben ser respetadas y no discriminadas por su condición, cualquiera que sea", agregó.
El texto integra toda la normativa dispersa en materia de movilidad humana, que rige en el país desde 1970. También actualiza términos como la ciudadanía universal, concepto creado en la Constitución de 2008.
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