Luego de recorrer Sucumbíos y Orellana, la Comisión de Biodiversidad llegó este sábado, 14 de enero, a Tena, capital de la provincia de Napo, para compartir con la población el contenido, alcances y beneficios del proyecto de Ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica y escuchar sus comentarios.
Al evento, que se desarrolló en la Unidad Educativa monseñor Maximiliano Spiller, asistió un buen grupo de jóvenes, estudiantes, amas de casa, representantes del Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), afroecuatorianos, nacionalidades indígenas, trabajadores del campo, sectores productivos, municipios y juntas parroquiales.
Herman Moya, asambleísta de Napo, destacó que estos encuentros constituyen ejercicios reales de una democracia participativa, de diálogo ciudadano, al enfatizar que los aportes de la gente son insumos fundamentales para enriquecer el texto de la propuesta.
El legislador Óscar Ledesma, presidente de la comisión parlamentaria, resaltó que Ecuador está entre los 10 países del mundo más exquisitos en biodiversidad y ahora con una verdadera planificación integral de la Amazonía se contribuirá a la solución de problemas críticos, como el calentamiento global.
Participación ciudadana
Guillermo Moreno, sugirió priorizar la parte económica para mejorar la situación de la industria y pequeña y mediana empresa. Habló de incrementar progresivamente de 2 a 4 dólares el precio de barril de petróleo vendido para el desarrollo de la Amazonía en 2017, 2018 y 2019. Además, pidió estímulos para la producción orgánica.
Lourdes Mancero, concejala del cantón Penipe, de Chimborazo, destacó que la Ley 010 les permitió salir de la postración frente a los efectos negativos de la erupción del volcán Tungurahua y pidió que se les mantenga como beneficiarios del fondo común que establece la nueva Ley Amazónica, para elevar la calidad de vida de los habitantes. Apoyó la propuesta de los gobiernos parroquiales, tomando en cuenta que desde la ruralidad se puede generar la producción.
María Shiguango, de la comunidad Ongota, requirió la presencia de la universidad intercultural a nivel de la región y un fondo de becas para estudiantes amazónicos.
César Espíndola, presidente del GAD parroquial de Puerto Napo, planteó inyectar mayores recursos para las juntas parroquiales, a fin de cumplir cabalmente sus competencias en salud y educación, así como superar el tema de contaminación de los ríos.
El profesor Galo Guevara se mostró partidario de dar un tratamiento especial a los profesionales, especialmente médicos, que llegan a trabajar en la zona amazónica y que los maestros que ejerzan su función por más de cuatro años, entren en el proceso de categorización.
Marco Aguirre, presidente del Conagopare Napo, insistió que se incremente del 6 al 12% los presupuestos para los gobiernos parroquiales en la ley.
Fabián Chicaiza, delegado de la prefectura de Napo, respaldó la iniciativa de elevar los recursos para las juntas parroquiales, incluso a un 14%.
Jorge Tapuy solicitó la implementación de una universidad estatal en Tena.
Guido Grefa, de la Federación de Organizacipones Campesinas e Indígenas, también se sumó al pedido de subir el porcentaje a favor de los gobiernos parroquiales.
David Granja Ramos, con capacidad especial, de la Red Intercultural de Radios, manifestó que es necesario que se amplíe el concepto del artículo 250 de la Constitución, en función de la comunicación y que se dé apertura a módulos de educación a distancia.
Darwin Mina, afrodescendiente, pidió incluir la situación del deporte y que los recursos los maneje la correspondiente federación.
Carmen Corozo, presidenta de la Asociación de Afroecuatorianos de Napo, consideró indispensable generar espacios de acceso laboral a la gente del sector y programas de acompañamiento a los estudiantes de la región para que ingresen a las universidades.
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