Con proyecto de ley Amazónica, Armando Aguilar plantea fortalecer educación superior

Lunes, 16 de enero del 2017 - 13:27 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica deroga la Ley 010, pero mantiene los derechos creados por esta, mejora las fuentes de financiamiento del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, plantea una distribución más justa de esos recursos, propone mecanismos de auditoría y obliga a todos los niveles de gobierno a la sujeción de un plan integral de desarrollo.

Así lo explicó el primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y representante por Sucumbíos, Armando Aguilar. Contó que planteará que se incorpore una mención específica para que algunos recursos del fondo se destinen a educación superior de la región. “Queremos que esta ley sea generadora de recursos para investigación, campus, equipamiento y otras necesidades”, enfatizó. Dijo que sugerirá además mecanismos más concretos de apoyo a los agricultores, a fin de que puedan tener un desarrollo equilibrado.

Con el proyecto se crea el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico que, según Aguilar, se mantendrá con el 2% de cada de barril de petróleo extraído y comercializado. Explicó que según la Ley 010 ese fondo se alimenta con los ingresos de un dólar por cada barril. Si el precio del crudo está en 50 dólares, el Fondo recibirá un dólar por cada barril, pero si llega a 60 dólares se incrementará a 1,20 dólares y si sube a 80 dólares el aporte sería de 1,60 dólares, “eso dependerá de la fluctuación de los precios del petróleo”, agregó el asambleísta.

Sobre la distribución de estos recursos para los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales especificó que dependerá de las observaciones que se recogan en la socialización, que se desarrolla en estos días en territorio, con los criterios de las autoridades, cámaras de la producción, comerciantes, entre otros actores sociales.

Recordó además que para el Fondo Común de la Amazonía se toman nuevas fuentes de financiamiento que provienen del 60% de las regalías mineras y el 30% del excedente que obtengan las empresas que comercializan electricidad, que se encuentren en la región.

Dejó en claro que la iniciativa determina mecanismos de auditoría social, así como las del Estado, a través de los organismos de control. Aseveró que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, cada seis meses, estarán obligados a informar, en asambleas ciudadanas, el uso y avance de proyectos que son financiados por los recursos que fija esta ley.

Aguilar señaló que el Plan Integral de la Región, que será de cumplimiento obligatorio de todos los niveles de gobierno, se encuentra aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y por el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. “El plan será el sendero que todos debemos seguir para lograr un equilibrio ecológico, un desarrollo sustentable, pero también, a la par, buscar cómo sacar a nuestras poblaciones de la pobreza, de la postergación, cómo ofertar educación superior para todas las provincias de la región”, afirmó.

De acuerdo con el documento, el objetivo de la norma es regular la planificación integral del territorio de la Amazonía y establecer los lineamientos para el ordenamiento de su territorio, observando los aspectos sociales, económicos, entre otros, que serán necesarios para garantizar la conservación de sus ecosistemas, su desarrollo sustentable, la biodiversidad y el desarrollo humano.

LILA/pv

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