En la Universidad Estatal de Puyo, provincia de Pastaza, se cerró el proceso de debate y socialización del proyecto de Ley Especial Amazónica. El trabajo en territorio lo ejecutó la Comisión de Biodiversidad, que recorrió las seis jurisdicciones de la región.
El local, con capacidad para 200 personas, resultó pequeño para albergar a los más de 500 asistentes. Para superar este inconveniente se ubicaron sillas adicionales e implementaron parlantes, pantalla gigante y un proyector en los patios del centro universitario, esto permitió que la ciudadanía siga los detalles de la sesión 97. Fue notoria la presencia activa de pobladores de Penipe, de Chimborazo y Baños, de Tungurahua, que acompañaron permanentemente este proceso de diálogo ciudadano.
Nuevo modelo de gestión con planificación
"Aquí no se trata solo de recursos, sino de definir un nuevo modelo de gestión con planificación integral de toda la zona, recogiendo el mandato del artículo 250 de la Constitución, para propiciar su desarrollo, teniendo como principales objetivos la conservación del ecosistema y biodiversidad y el progreso humano", dijo el asambleísta Oscar Ledesma, presidente encargado del organismo legislativo.
Resaltó la actitud del Grupo Parlamentario Amazónico en el diseño de la propuesta legal e insistió que se respetan los beneficios de la Ley 010, garantiza una distribución equitativa de dineros por efectos de la venta de crudo y los excedentes de las actividades mineras e hidroeléctricas, que deben orientarse a combatir la pobreza, particularmente en el sector rural. "Los gobiernos municipales, provinciales y parroquiales bien pueden consensuar el tema de porcentajes", enfatizó.
Inquietudes de la población
El prefecto Antonio Kubes, objetó la creación de la secretaría técnica, en reemplazo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), que se encargaría de la distribución de recursos de la actual Ley 010 y del fondo común constante en la nueva propuesta, lo que, a su criterio, afectaría la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y contradice la política de descentralización.
También manifestó que es insuficiente el 2% de los recursos generados por la exportación de petróleo para financiar el fondo, por lo que dijo sería indispensable duplicar ese porcentaje para mejorar la calidad de vida de la comunidad, como una respuesta válida al sitio de donde sale la riqueza del país.
Segundo Villagómez, concejal de Penipe, Chimborazo, recordó que en 1984 surgió como cantón y desde esa fecha se integró al Consorcio de Gobiernos Autónomos de la Amazonía, por lo que defendió los recursos que percibe por la aplicación de la Ley 010 y pidió mantenerlos en la propuesta en construcción. Sostuvo que esos dineros sirven para hacerle frente a la devastación del territorio, afectado en un 80%, por los constantes procesos eruptivos del volcán Tungurahua, así mismo para proyectos productivos de los campesinos.
Marlene Zabala, de la nacionalidad Shuar, requirió que los pueblos indígenas tengan presencia activa en la ley, preferencia en el mercado laboral local, dándoles capacitación y profesionalización y que se haga constar los dineros necesarios para las juntas parroquiales, con el objetivo de que dejen de mendigar a los consejos provinciales y municipales.
Timoteo Aragón, del GAD de Curayay, expresó la preocupación de determinar qué pasará con los proyectos que ejecuta el Ecorae, especialmente de servicios aéreos y mantenimiento de pistas, además de los convenios con los gobiernos parroquiales.
Lourdes Mancero, de Penipe, explicó que el 72% del territorio de su sector es amazónico, al subrayar que los recursos de la normativa servirán para emprendimientos productivos. "Es un momento histórico para escribir con letras de oro el progreso y desarrollo", subrayo.
Antonio Vargas, de la nacionalidad kichwua, solicitó la creación de un fondo para pueblos y comunidades amazónicas, a fin de fortalecer la sabiduría, identidad, idioma, igualmente la formación del Instituto de las Nacionalidades.
Cawetipe Yeti, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, habló de efectivizar la participación e inclusión social de los territorios de los pueblos indígenas en las regalías del petróleo.
A criterio de Fabián Silva, del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), hay que darle valor e importancia a la ruralidad con presupuestos suficientes.
Patricia Nenkiwi, de la Asociación de Mujeres Huaoranis, apoyó la tesis de incrementar los recursos para las juntas parroquiales y comunidades, en aras de desarrollar labores artesanales, producción de cacao y afianzar la sabiduría de los pueblos originarios.
Iván Quishpe, del GAD El Triunfo, planteó establecer créditos preferenciales a favor de los ganaderos, artesanos y microempresarios y un trato especial en la cuestión de las eléctricas y gas para la gente de la región.
"Es hora de pagar la deuda con los pueblos indígenas, campesinos, gremios y sectores excluidos, que durante 50 años de explotación petrolera poco o nada se han beneficiado", señaló Mario Santi, quien respaldó el incremento de porcentajes, en mayor cantidad para los gobiernos parroquiales.
Carlos Lara Orozco, presidente del Conagopare – Pastaza, planteó modificar el porcentaje del 2 al 4% del precio de venta por cada barril de petróleo y que la distribución sea bajo la siguiente tabla: 26%, 55%, 15% a los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, respectivamente. También que el 4% vaya al fondo común para proyectos de reforestación, agua y alcantarillado del sector rural, desarrollo agrario, salud, educación, cultura y deporte.
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