La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria. Con la norma se cambia la institucionalidad del sector, se pone énfasis en la comercialización de productos y servicios, mejora mecanismos de financiamiento, disminuye los trámites para algunos procesos, como el registro y propone medidas de incentivo y fomento, como la afiliación.
En este último tema, el proyecto reconoce el régimen del socio-trabajador para que pueda acceder al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Por ahora, esta institución solo afilia a quienes tengan relación de dependencia, pero con esta nueva norma también lo pueden hacer los socios-trabajadores de la Economía Popular y Solidaria (EPS).
Dentro de las medidas de incentivo y fomento, se amplían a otros sectores los ámbitos de acción para la constitución de asociaciones o cooperativas. Según el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, ponente del proyecto, con esta decisión se pueden conformar, por ejemplo, cooperativas de seguridad privada, medicina, salud prepagada, turismo, entre otras. “No habrá campos vedados y los requisitos para la conformación de asociaciones serán los básicos”, enfatizó.
Efectivamente, dentro de la propuesta legal se establece la disminución de títulos habilitantes para registros sanitarios y tributarios, personería jurídica, permisos de operación, entre otros procesos. Durante la socialización y estudio del proyecto, la comisión identificó que uno de los problemas que se presentaban en la EPS, era la dificultad para obtener y presentar los requisitos.
Hernández aclaró que, en el segundo debate, dentro de las propuestas que se hicieron, se acogió la sugerencia que los actores de la EPS no solo sean quienes producen, sino también los que se dediquen al procesamiento e industrialización. En la participación de pequeños comerciantes, se incluyó a los productores agropecuarios y artesanos.
Opciones de comercialización
Una de las dificultades que enfrentan estos actores, después de la producción, es la venta, según el informe de la mesa. Por ello, el proyecto se enfoca en la comercialización. Incorpora mecanismos más efectivos para que participen en las compras públicas; fomenta redes y circuitos alternativos; mientras que en el sector privado, se obliga a que se exhiba en las perchas productos de la EPS, en mínimo el 15%, porcentaje que subirá de manera progresiva, según Hernández.
Para ampliar las opciones de venta, el Parlamentario comentó que se acogieron otras observaciones para que los gobiernos autónomos descentralizados fijen espacios públicos para que haya un mercado directo, así como la creación de plataformas virtuales.
El financiamiento es otro de los pilares fundamentales que contempla el cuerpo legal. Plantea que la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, implemente acciones orientadas a cubrir las necesidades de forma integral, por ejemplo, que pueda producir sistemas de garantías crediticias. La norma también plantea la obligación de las entidades del sector financiero público para que creen una línea de crédito para el sector.
La institucionalidad de la EPS cambia. De acuerdo con el proyecto se simplifica y unifica. En el primer brazo se encuentra el Servicio Nacional de Fomento y Control de la Economía Popular y Solidaria, que tendrá como función la planificación, regulación, fomento, promoción, incentivo y coordinación con otras entidades. Este servicio reemplaza al Instituto de EPS.
El otro brazo tiene relación con el tema de financiamiento, a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Los dos pilares se regirán bajo un solo directorio.
LILA/pv
