El silencio administrativo positivo y extensión del plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión, fueron parte de los temas que se analizaron en el segundo debate del proyecto de Código Administrativo, en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El asambleísta Christian Viteri, sugirió que el silencio administrativo positivo se aplique con restricción para que no opere cuando la petición o reclamo entrañe un fin u objeto ilícito o inconstitucional, ya sea por abuso del derecho del peticionario o negligencia del funcionario público.
En cuanto al artículo 223 planteó que el recurso extraordinario de revisión se resuelva en 60 días y no 20, como prevé el proyecto.
Esteban Torres pidió aclarar la aplicación del silencio administrativo positivo. También se sumó al pedido para que se fije en 60 días el término para su aplicación. Dijo que el Código Administrativo, fundamentalmente, tiene que ser una herramienta para el ciudadano que esté en situación de desventaja frente al Estado.
A su parecer, la responsabilidad extracontractual del Estado contenida en el Libro IV siempre debe ser objetiva. Indicó que según la propuesta, para exigir la responsabilidad extracontractual del Estado habrá que demostrar no solo la falta de eficiencia del servicio público y la existencia de un daño, sino también la acción u omisión del funcionario, lo cual es un peligro para el administrado.
Al destacar el esfuerzo de la Asamblea para unificar leyes y cuerpos legales, expresó que el Código Administrativo debe prestar garantías al ciudadano para que no se vulneren sus derechos.
La asambleísta María Augusta Calle, propuso que se incluya un inciso que establezca que los procedimientos que regulan la carrera profesional y régimen disciplinario de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se sujeten a sus leyes específicas.
Recordó que la Comisión de Relaciones Internacionales debate el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y en el primer libro se regula la carrera y régimen disciplinario, porque hay uno especial, que no se puede desconocer.
Por último, la legisladora Vanesa Fajardo, advirtió los problemas que antes enfrentaba el ciudadano para recibir atención del servidor público. Precisó que este proyecto constituye un verdadero sistema de justicia administrativa.
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