La Comisión de los Derechos de los Trabajadores retomará el tratamiento de los proyectos de reformas al Código de Trabajo y las leyes que rigen el sector público. La sesión fue convocada por la presidenta de esta mesa legislativa, Marllely Vásconez, para este miércoles, 25 de enero, a las 10:00.
La reforma al Código del Trabajo, presentada por Liliana Guzmán, está en análisis previo a la elaboración del informe para primer debate. Reconoce al deportista profesional como el que hace de su participación en competencias su medio de vida, con independencia de que tales actividades se desarrollen o no en una competición, calificada como profesional.
El proyecto establece como contrato de trabajo deportivo el convenio por el cual se vincula a un deportista profesional, para que preste sus servicios a un empleador, dentro del territorio o fuera de él, de conformidad con las órdenes o labores anexas complementarias que imparta su empleador.
En la socialización de la normativa participaron delegados de los ministerios de Trabajo, Deporte, Asociación de Futbolistas del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Las reformas a las leyes que rigen el sector público, presentadas por los legisladores de PAIS, que forman parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, tiene como propósito regular el ejercicio de los derechos laborales reconocidos en la Constitución a través de la enmienda constitucional.
La propuesta elimina la diferenciación entre obreros y servidores del Estado, reconociéndose que todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios para instituciones públicas son servidores públicos. Con esto se evita desigualdad en el sistema laboral entre los obreros del sector privado y público y entre éstos últimos y los servidores públicos sujetos a la normativa que los regula.
Según los legisladores de esta comisión, este proyecto es necesario para aclarar que las disposiciones que los rigen se apliquen sin discriminación alguna, en iguales condiciones a todas y todos los servidores públicos.
Además, aclara que el ejercicio del derecho de organización y huelga se regula por las disposiciones de la Ley del Servicio Público y que las y los obreros que venían prestando sus servicios en empresas públicas, hasta antes de entrada en vigencia de las enmiendas constitucionales, mantienen sus derechos individuales y colectivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Empresas Públicas y Código del Trabajo.
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