Para la asambleísta Verónica Rodríguez, la vieja concepción de seguridad de los 70 quedó atrás y gracias a la Constitución de Montecristi, tiene un enfoque humanista. Dentro del proyecto de ley se considera a la seguridad integral como un derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas, que permite su desarrollo holístico, en un contexto de calidad de vida y bienestar.
El cambio contemplado en la norma supone una evolución de las entidades estatales, encargadas de seguridad. Se propone mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Nacional, para que su accionar se oriente a defender los derechos ciudadanos y garantizar la seguridad interna del país, por eso es que Rodríguez cree que se necesitan policías capacitados, en sus respectivos cargos y jerarquías.
El Libro II se refiere al Servicio Civil de Investigación de la Infracción. La intención es que para la investigación del delito existan expertos en medicina legal y ciencias forenses. Lo referente a materia preprocesal y procesal está dirigido por la Fiscalía General del Estado. “Se trata de gestar un trabajo organizado, donde intervienen fuerza pública y civil, sin que exista un tropezón entre ellas, para ejercer la seguridad ciudadana”, indicó la asambleísta.
Rodríguez insistió en la importancia de establecer funciones específicas de las instituciones que intervienen en este proceso, donde el Ministerio del Interior es la dependencia que encabeza el área administrativa, mientras que la Fiscalía General del Estado, dirige todo el servicio.
Contexto
Esta normativa ingresó a la Comisión, el 3 de abril de 2014, con el nombre de IV Libro del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sin embargo, en el proceso de estudio y análisis, la mesa parlamentaria lo denominó Proyecto de Ley Orgánica de las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público, cuyo informe para primer debate se aprobó el 12 de julio de 2016.
Uno de los objetivos es regular atribuciones y competencias, estructura jerárquica, grados, carrera, ingreso, capacitación, formación, evaluación, ascensos del personal y régimen disciplinario de las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Las entidades complementarias reguladas en el Ejecutivo son: la Unidad de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Mientras que en el ámbito de los GAD, se regula a los Cuerpos de Bomberos; Agentes Civiles de Tránsito; y, a los de Control Municipal o Metropolitano (Policía Municipal).
El cuerpo legal establece los derechos específicos que tienen las personas que integran estos cuerpos complementarios de seguridad; el régimen de carrera que garantiza la estabilidad y permite posibilidades de ascenso; mecanismos de capacitación y régimen de formación; la estructuración tanto en el nivel directivo como en el nivel operativo; y, el procedimiento sancionatorio en el régimen administrativo disciplinario del personal.
El proyecto, además, determina un principio de coordinación interinstitucional para establecer acciones que faciliten la seguridad integral, pues se considera que el perfeccionamiento de la respuesta institucional frente a eventos adversos o emergencias requiere de una movilización conjunta de instancias nacionales.
PAU/pv
