La Asamblea Nacional aprobó esta semana un proyecto de ley que reivindica los derechos de los extrabajadores de las cementeras. Además, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, informó su gestión en 2016. En las comisiones se aprobaron dos informes para primer debate, mientras que otras continuaron el tratamiento de varios temas. También se cumplieron otras actividades.
En el Pleno
El Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Interpretativa al artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento. La norma determina que las cementeras, como agentes de retención, deben cancelar dos centavos de dólar por el precio exfábrica de cada kilo de cemento, para financiar la jubilación especial de los extrabajadores. Fijaron como máximo en 180 días, para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recaude los valores pendientes.
Los representantes de las fábricas interpretaban que con la dolarización, como la ley no mencionaba de qué moneda se trataba, los dos centavos, que antes eran sucres, debían transformarse en dólares, pero los legisladores argumentaron que la moneda de circulación nacional es el dólar y que debe reconocerse de esa manera el beneficio.
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, acudió al Pleno a rendir cuentas del último año. Resaltó que la transformación de la justicia se ha llevado a cabo no solo con recursos, sino, sobre todo, con valores y ética. Informó que esta institución trabaja con 2 mil 083 jueces. Recordó que Ecuador tiene una tasa de 12.6 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en 2012 era de 8.4. Destacó que los códigos Orgánico Integral Penal y General de Procesos contribuyeron a la modernizaron el sistema de justicia.
Dijo hasta el 31 de diciembre de 2016 se tramitaron 78 mil 390 infracciones por delitos flagrantes; 30 mil 996 se resolvieron por procedimiento directo. En cuanto a la aplicación del Código Orgánico General de Procesos dijo que hasta diciembre de 2016, hubo 31.631 sentencias y destacó los tiempos de resolución en los distintos procedimientos.
En las comisiones
Con 10 votos a favor, la Comisión de Régimen Económico, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Código de Comercio. Tiene por objetivo regular las actividades mercantiles y actos de comercio, además de los títulos valores y otras instituciones afines.
La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La norma busca alcanzar el desarrollo equitativo y solidario a través de la planificación integral de su territorio. En tanto, la Comisión de Educación profundizó el análisis de resultados del proceso de intervención de la Universidad Nacional de Loja, a cargo del Consejo de Educación Superior (CES), desde junio de 2016.
En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores los asambleístas continuaron el análisis del proyecto de reformas a las leyes que rigen el sector público, cuyo informe para segundo debate estaría listo antes de que concluya el actual período legislativo.
La directora general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Paula Vernimmen y el rector del Instituto Tecnológico Superior de la Policía Nacional, Marcelo López, acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales, para dialogar sobre el segundo libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Coincidieron en que hace falta ofertas académicas, en ciertos ámbitos de la investigación y medicina forense. Esta mesa legislativa también analizó la Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, con varios invitados.
En la Comisión de Participación Ciudadana el procurador síndico encargado del Municipio de Quevedo, Nelson Álava, expuso los argumentos sobre la reforma a la Ordenanza del Registro de la Propiedad, ante las denuncias de representantes de la Asamblea Local Ciudadana, acerca de que el Municipio no estaría listo para hacerse cargo de la entidad.
Fiscalización
María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó los avances en cuanto al caso Odebrecht en donde estaría involucrado Mauro Terán, supuesto asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Carrión sostuvo que el Servicio de Rentas Internas emitió un informe ejecutivo que evidencia el reporte de las operaciones de transacciones económicas financieras de Terán, que ascienden a 1 millón 874 mil 439 dólares, comprendido desde 2012 hasta 2016. Además acotó que la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía registra otros movimientos, como depósitos y transferencias recibidas por 6 millones 435 mil 115 dólares, en seis años, entre el 2010 y 2016.
Nuevas propuestas
La asambleísta por Tungurahua, Betty Jerez, presentó el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Argumenta que se busca solucionar los problemas de transporte público y comercial, que enfrentan los sectores rural, campesino, pueblos y nacionalidades. Pide que además del servicio público, comercial, por cuenta propia y particular, se incluya el rural y comunitario.
Debate a través de medios legislativos
Dos propuestas, de igual número de candidatos, se conocieron este jueves, 26 de enero, en el programa semanal de debate Termómetro Ciudadano, que se trasmite por los Medios Legislativos. Solanda Goyes, de la Unidad Popular y René Caza, de Alianza País (AP), fueron los invitados. Hablaron de sus luchas populares, democracia, derechos, empleo, corrupción, economía popular y solidaria, entre otros temas. Una de las características de este espacio es la interacción con el público, de manera directa y en redes sociales.
En la mesa de diálogo del programa Tercer Debate, iniciativa de los Medios Legislativos, fue objeto de profundo análisis el rol de la Legislatura en la economía del país. Participaron los asambleístas Virgilio Hernández, por Alianza PAIS, presidente de la Comisión de Régimen Económico y José Ricardo Moncayo, asambleísta de CREO, por la provincia de Chimborazo, miembro de la Comisión de Educación
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