La asambleísta Noralma Zambrano, presentó el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, con el propósito de que Ecuador cuente con jueces de lo contencioso administrativo en cada provincia. La idea es que más ciudadanos accedan a la justicia.
La representante de Santa Elena, en su propuesta, explica que a nivel nacional para la administración de justicia, en materia de lo contencioso administrativo, existen 56 jueces para más de 16 millones de habitantes. Indica que se encuentran en Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua, cada uno con competencias en varias jurisdicciones territoriales, “para el conocimiento de las 15 atribuciones que se expresan en el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial”.
La asambleísta, afirmó que esta realidad dificulta el acceso a la justicia en varias provincias, como Galápagos y Santa Elena y que además incide en que se presenten reclamaciones vía acción de protección. Plantea esta reforma para que la ciudadanía cuente en cada jurisdicción con jueces contenciosos administrativos, que diriman las controversias generadas en torno a sus derechos, mismas que deberán ubicarse en cada corte provincial de justicia.
Noralma Zambrano, recuerda que en cada circunscripción existen organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y que es necesario repensar en mejorar el sistema de administración de justicia del país.
“A lo largo del funcionamiento de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, se evidencia la demora en las resoluciones de las causas que ingresaron a conocimiento de los mismos, retrasando en ciertos casos incluso algo más de tres años, entre otras razones, por la falta de jueces y congestión de los procesos que ingresan a cada tribunal desde otras provincias”, explica.
En el proyecto señala que la Constitución, en el artículo 169, establece que “el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso”, por lo que son necesarias las reformas.
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