El Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (INGENIOS), se convirtió en un referente regional, inclusive en la Universidad de la Sorbona, en París, se analiza y debate su contenido, alcances y bondades.
Así lo destacó el asambleísta Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión de Educación, representante de la provincia de Cañar, al analizar el trabajo cumplido por el organismo, durante el período 2013 – 2017, cuando se tramitaron y aprobaron 10 proyectos de ley, entre los que constan: INGENIOS, Cultura, reformas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI) y otros cuerpos en materia de deportes y artistas.
Oportunidad histórica para los emprendimientos
El Código de Conocimientos y la Ley de Cultura fueron el resultado de audiencias públicas provinciales, dentro de la consulta prelegislativa, con la participación de los sujetos de derechos: comunas, comunidades, pueblos indígenas, afros y montuvio y ciudadanos. En territorio se socializó, debatió y analizó, intensamente y, lo que es más, recogió las propuestas de las organizaciones, precisó Abad.
Recordó que, oportunamente, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) abrió una página virtual, registrándose 1 millón 400 mil visitas y 35 mil recomendaciones. En las audiencias provinciales y nacionales hubo la intervención de 5 mil actores.
Mencionó que se incluyó la petición de los hermanos Miño Naranjo de reconocer su propiedad de 70 años de trayectoria, además de eliminar la Ley de Propiedad Intelectual, vigente desde 1998, considerando que había dos o tres patentes nacionales y el resto eran extranjeras. Dijo que se protegió la biodiversidad del país, respetando, en todo instante, los tratados internacionales. También consta la regulación por parte de la Senescyt respecto al constante incremento de matrículas y pensiones en las universidades particulares.
"La normativa se estudia en la región y el viejo continente, incluso en la Universidad de la Sorbona; el documento es pionero, revolucionario, da seguridad jurídica a todos quienes están inmiscuidos en la temática", puntualizó.
Mandato constitucional
En otro orden, reconoció que la Ley de Cultura era una deuda pendiente y un mandato constitucional, que demoró, porque en el informe de la comisión ocasional detectaron vicios de inconstitucionalidad. La actual comisión superó dichos inconvenientes, mediante un alcance al informe, que igualmente se discutió en territorio con todos los actores, incorporando el valor de los pueblos indígenas y sus cuestiones ancestrales, el patrimonio cultural y labor de gestores culturales, etc.
"Se afianzó la autonomía administrativa y financiera de la Casa de la Cultura, definiendo un marco jurídico para las elecciones de sus directivos. Hablamos de una autonomía responsable que transparente el manejo de dineros, en cumplimiento de la rendición de cuentas", dijo, al enfatizar que se fija un registro de actores y gestores culturales (escritores, artistas plásticos, intelectuales, pintores) y ellos son los que definen el presente y futuro de la casa matriz y núcleos de forma democrática y participativa.
Reforma LOES
Señaló que espera presentar hasta mayo el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Educación Superior, preparado por Diego Vintimilla y Ximena Ponce.
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