El proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP) enviado a la Asamblea Nacional tiene cinco ejes. Establece como delito culposo la fuga en los accidentes de tránsito; que la acción penal contra los perpetradores de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes no prescriba en corto plazo; reduce hasta el 10% el mínimo de la pena en caso de que el procesado colabore para identificar a los responsables o prevenir la consumación de otros delitos graves.
Además, garantiza la gratuidad de la justicia, en el caso de las autopsias en ciencias forenses. Precisa que todo gasto que demande el cumplimiento de diligencias debe asumirlo el Consejo de la Judicatura y no el ciudadano.
En materia de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sugiere que la tenencia o posesión de estupefacientes para uso o consumo personal, en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, para uso o consumo personal, se aplique únicamente cuando el consumidor la mantenga o la use en su domicilio, de manera que no sea punible.
En el cuerpo legal, el Mandatario considera que se necesita armonizar esfuerzos, para disminuir los índices de mortalidad en las vías. Según la Agencia Nacional de Tránsito, la conducción descuidada es la principal causa de accidentes y la fuga de los conductores del lugar de la colisión alcanza el 90%, según la Policía Nacional.
Propone que la persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en el COIP, sea sancionada de la siguiente manera: si hay fallecidos, pena privativa de libertad de un año, suspensión de la licencia de conducir por un año, luego de cumplida la pena, y la pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir. Si hay lesiones, pena mínima de 40 días, pérdida de 30 puntos. Si hay daños materiales y si excede los seis salarios básicos unificados del trabajador en general, sea sancionado con multa de dos salarios básicos unificados y educción de tres puntos en su licencia.
A fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes, plantea que si se trata de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescriba en 40 años.
En lo relacionado con el acceso a la justicia gratuita, se señala que las autopsias se realizarán únicamente en los Centros Forenses del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país.
En la lucha contra el narcotráfico, menciona que la tenencia o posesión en las cantidades mínimas debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá alegar la no punibilidad de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal, en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o sitios públicos similares. En tal caso, se recurrirá a la sanción aplicable a la mínima escala.
Por último, el proyecto prevé que la persona que falsifique, forje, mutile o altere certificados médicos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
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