Los proyectos de Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores; reformas al Código Integral Penal y el que fija el límite territorial entre las provincias del Guayas y Manabí en la zona denominada ´Manga del Cura', fueron calificados hoy por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
A esta sesión asistieron Gabriela Rivadeneria, presidenta de la Asamblea Nacional; las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, así como el primer vocal Armando Aguilar.
El proyecto para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, considerado como urgente en materia económica, fue remitido a la Comisión de Régimen Económico, para su estudio.
El proyecto de Ley Reformatoria al Código Integral Penal (COIP) será abordado por la Comisión de Justicia, mientras que el que fija el límite territorial entre las provincias del Guayas y Manabí, en la zona denominada ´Manga del Cura', será objeto de análisis en la Comisión de Gobiernos Autónomos. El conflicto limítrofe fue referido en 1961, cuando el Concejo de Balzar creó la parroquia Velasco Ibarra, lo que produjo el anexo de territorios a la parroquia La Guayas.
La primera propuesta es complementaria a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, aprobada en febrero de 2014, señaló Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, durante una conferencia de prensa. Esta normativa busca que los deudores de la banca cerrada puedan cancelar sus acreencias, producto de la crisis financiera, fijando plazos y condiciones para el cumplimiento de obligaciones pendientes.
Sin embargo, Rosana Alvarado advirtió que la ley vigente no considera todos los casos que surgieron a raíz del denominado ´feriado bancario´. Por ello, pretende acoger a la mayoría de deudores, con nuevos mecanismos de pago, como ampliación de plazos y reestructuración de créditos.
La reforma al COIP pretende prevenir y mitigar los accidentes de tránsito en el país, a fin de disminuir el índice de mortalidad en las vías. Para esto, endurecerá las penas bajo ciertas circunstancias.
Otro eje fundamental es la erradicación de la violencia a escala nacional, que constituye una prioridad estatal, a través de políticas de protección, prevención, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, en un marco de seguridad integral.
El cuerpo legal continúa la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se prevé la graduación de la pena por comisión de delitos de narcotráfico por escalas, diferenciando a los grandes jerarcas de la droga a diferencia de las denominadas ´mulas´, consideradas víctimas del narcotráfico.
Además, establece la posibilidad de tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal, en mínimas cantidades, sin ser considerada una infracción penal.
PAU/pv
