Un grupo de representantes del Colectivo Deudores de Buena Fe, acudió a la Asamblea para estar atentos y dar seguimiento a la calificación del proyecto de Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, por parte del Consejo de Administración Legislativa.
Ricardo Ruperti, vicepresidente del colectivo, indicó que con este proyecto tienen fe y esperanza de que se hagan efectivos sus legítimos derechos, para la condonación de sus deudas.
Pidió a la Comisión de Régimen Económico, que analizará el proyecto, que les reciba para presentar sus observaciones, su verdad y transparentar cifras acerca de esas condonaciones. “Creemos que debemos tener la oportunidad de demostrar que estas deudas son ilegítimas, ilegales e inconstitucionales”, aseveró.
“No solo necesitamos más plazos y menos intereses, sino que se haga justicia, se identifique a los responsables de la crisis financiera y a los que todavía en el Banco Central siguen siendo parte de la persecución contra los deudores de buena fe”, enfatizó.
Explicó que por una infracción fraudulenta les han perseguido y denunciado por 20 años y dijo que es hora de que se conozca la realidad y no se trate el tema únicamente como cifras, sino que se tome en cuenta el drama humano.
Solicitó que en el tratamiento de esta propuesta, se considere el texto original del proyecto de Ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, que en consenso, las autoridades económicas del Banco Central hicieron una efusiva defensa al documento. En él se hablaba que si las garantías originales ya fueron embargadas a petición del deudor se extinguían las obligaciones, añadió.
Ruperti adujo que no es posible que después de 20 años y de acuerdo con documentos oficiales, contabilidades e informes tramposos presentados por la banca y banqueros corruptos se los siga demandando y persiguiendo.
Testimonio
Dijo que fue víctima de una estafa producida por el entonces Filanbanco, empresa que les vendió una camaronera de 157 hectáreas, que perteneció al Estado y quedó como garantía original y según explicó, lo que llama la atención es que desde el 2008, por diferentes circunstancias, el Estado ya se quedó con esa garantía original para uso y usufructo y el mismo Estado, a través de un Decreto Presidencial, anuló el título de propiedad.
"Si ya el Estado se quedó con esa garantía original, cómo puede ser posible que deba de una propiedad a la que no entro desde 1999", preguntó.
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