La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, analizó el proceso de intervención que lleva adelante el Consejo de Educación Superior (CES) en la Universidad Nacional de Loja. En la mesa legislativa estuvieron todas las partes involucradas: estudiantes, interventor, rector de la casa de estudios y autoridades del CES.
Según explicó Gustavo Villacís, rector de la universidad, hasta el 2015 se ejecutaron sin problema todas las carreras que fueron objeto del convenio entre el CES, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y la Universidad Nacional de Loja. Es decir, 10 carreras de formación profesional, en todas las modalidades, en varias provincias de la Amazonia. Sin embargo, Villacís sostiene que los problemas se suscitan a partir de la intervención de la institución. “Pasaron tres interventores y los problemas se agudizan, porque dejaron de coordinar las actividades”, dijo.
La asambleísta Miryam González, aseguró que existe malestar porque la intervención en la universidad se dio solo después de ocho meses de recibir la acreditación de la categoría b. “El plan de contingencia fue planificado por el Gobierno Nacional, en base a la evaluación de estándares de mejoras, pero los interventores, en este caso, no cumplen la función de acompañar en los procesos de mejoras y hacen presión para que se desapruebe una lista de contratados, cuando eso no establece la ley”, aseguró González.
Los problemas van desde el retraso en la contratación de personal docente y académico, además de la inobservancia a la planificación académica en las carreras, como el que un estudiante, al terminar sus estudios debía estar titulado, pero hasta la actualidad existen alumnos sin graduarse.
En ese sentido, Enrique Santos, Presidente del CES, aseguró que fueron seis las causales para la intervención: irregularidades para la elección de autoridades, violación al principio de gratuidad, inexistencia de cogobierno, lo que implica la presencia de representantes electos por docentes, estudiantes y trabajadores; el cierre injustificado de ofertas académicas y programas, falta de registros de títulos en carreras y programas y otras irregularidades administrativas en la gestión de procesos. “Hay que dejar claro que la intervención no se da por falta de calidad, sino por asuntos administrativos”, dijo.
Depuración
El interventor, Patricio Noboa, aseguró que se trabaja en la depuración inicial de cobros indebidos e instructivos para la devolución de valores. Además, cotejan documentos y se trabaja conjuntamente con las autoridades de la universidad para realizar la actualización curricular de la oferta académica, con la intención de recuperar la demanda que tenía la universidad, sobretodo en estudios a distancia. “Definimos los lineamientos para hacer los estudios de pertinencia para la nueva oferta de grado y posgrado y se asegura el 6% del presupuesto de la universidad para investigación”, explicó.
El asambleísta Víctor Hugo Jaramillo, de la provincia de Zamora, pidió que se lo reciba en Comisión para poner en conocimiento la crisis que viven los estudiantes de la Universidad de Loja, con sede en Zamora. “Deben darnos una solución, los estudiantes deben tener la garantía de que se van a respetar sus derechos”, dijo y aseguró que llevará el tema hasta el Pleno de la Asamblea, para que se de una solución definitiva.
Estudiantes en problemas
A la comisión, también llegaron estudiantes del Plan de Contingencia, unos con sus tesis de grados detenidas y otros sin poder registrar aún sus títulos de grado. “Desde junio de 2016 estamos egresados, pero nos dan largas al asunto, y hasta el día de hoy no podemos tener la titulación. Ni siquiera nos dan información. Queremos graduarnos, porque cumplimos con todos los requisitos”, relató Nelson Rodríguez, egresado de Derecho. Sin embargo, esta es una historia que se repite una y otra vez.
La Comisión continuará con el análisis de ese tema, con el objetivo de buscar una salida que no perjudique a los estudiantes.
MC/pv
