Juan Pablo Jaramillo, analista económico y Marco Navas, docente universitario y analista político, intervinieron en el programa Tercer Debate, que se transmite en los medios legislativos. Los invitados coincidieron en que la próxima Asamblea Nacional debe trabajar de cara y junto a la ciudadanía, para potenciar leyes sociales que beneficien a todos, definiendo oportunamente una agenda de gestión.
Jaramillo, dijo que al ser la composición del Parlamento mucho más fragmentada, se hace necesario buscar acuerdos mínimos entre los diferentes partidos y movimientos, a fin que la legislación, en los próximos cuatro años, responda a las expectativas de la comunidad, enfocándose en cuatro puntos: inversión, investigación, innovación e inclusión social.
Navas expresó que lo deseable es que se produzcan consensos mínimos o un acercamiento de posiciones sobre temas fundamentales del país, evitando, en todo momento, caer en escenarios de confrontación que frenarían el desarrollo democrático del Ecuador, al precisar que en esta relación es clave el protagonismo del Ejecutivo en su condición de colegislador. Más allá de las distintas visiones de las fuerzas políticas, es indispensable luchar por la generación de empleo, innovación, ingreso en la economía del conocimiento, establecer procedimientos claros para frenar la corrupción, entre otros aspectos, agregó.
Según Juan Pablo Jaramillo, hay que poner en primer término el debate de ideas y propuestas y dejar de lado las ideologías. En esa línea, Marco Navas precisó, que la sociedad espera madurez en la toma de decisiones de los nuevos asambleístas para no volver a los congresos de “los hombres del maletín, de los cenicerazos, chantajes y repartos”. Habló de priorizar el empleo de los jóvenes, con incentivos tributarios para las empresas y personas que apoyen este objetivo.
Los panelistas manifestaron que, junto a los actores políticos y sociales, la Asamblea tiene que determinar acciones eficientes y efectivas para combatir la inseguridad, el microtráfico, identificar a los consumidores de drogas, desde una visión de salud pública.
Además, señalaron que la facultad de fiscalización tiene que ser intensa, pero sin dar oportunidad al show mediático, sino a una investigación responsable y seria de la gestión del funcionario o dignatario en el marco de la rendición de cuentas, al objetar ciertos anuncios de eliminar la Ley de Comunicación; la regulación del Estado a los medios es trascendental, en el objetivo de potenciar los derechos a comunicar de las personas y hacer más accesible a los medios a más grupos y colectivos ciudadanos.
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