“El tiempo apremia”. Con esta frase la asambleísta por Imbabura Marisol Peñafiel pidió al presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, que convoque lo antes posible a la mesa, a fin de que inicie el estudio del proyecto de Ley de Acceso Integral a una Vida Libre de Violencia de Género. Comentó que esta propuesta, que es de su autoría, recoge la demanda de muchas organizaciones de mujeres.
La asambleísta explicó que el proyecto busca desarrollar el mandato constitucional sobre los procedimientos especiales en materia de violencia contra la mujer. Dijo que ha presentado una norma de carácter penal específica y social sobre violencia de género, como una alternativa al enfoque clasista de los códigos penales.
La violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas LGBTI requiere de una especialidad para precisar las formas y modalidades en que se expresa este problema, señaló la legisladora. Enfatizó en la necesidad de crear normas que visibilicen a un sistema de justicia anclado a las políticas de prevención de violencia, protección a las mismas y de restitución.
“La violencia contra la mujer tiene efectos sobre la comunidad y, por tanto, requiere de la intervención del Estado sobre las políticas de prevención y también de sanción”, resaltó. Este ejercicio implica reconocer otros tipos de violencia considerando sus contextos geográficos, étnico culturales, edad, identidad sexual, estado de salud, movilidad humana, entre otros, por lo que las normas de la Ley 103 requieren recoger las nuevas modalidades de violencia, que se dan incluso en los contextos tecnológicos, agregó.
Según la primera encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del 2011, sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres seis de cada diez habían sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia: física, sexual o psicológica, de las cuales esta última es la más recurrente; mientras que la sexual la han vivido al menos cuatro de cada diez mujeres, “lo que expresa la gravedad del tema”, acotó.
En cambio, el informe “Estado de Derechos de Niñez y Adolescencia Ecuatoriana (EDNA)”, de 2012, indica que el 78% de las niñas sufrió algún tipo de violencia en el hogar y el 41% en las escuelas, mientras que el 69% de niñas entre 10 y 15 años ha sido víctima de violencia de género, especialmente abuso sexual. Además, cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren un maltrato extremo violento.
Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales referentes a la erradicación de la violencia, discriminación y violencia basada en género y a nivel interno ha tomado algunas políticas como el Plan Nacional de Erradicación de Violencia de género de 2007. En tanto, en legislación, el Código Orgánico Integral Penal sanciona tipos penales como el femicidio, así como otros delitos, como la violencia física, aseguró Peñafiel.
“Pese a que existen algunos instrumentos para erradicar este problema, aún son insuficientes”, expresó la parlamentaria. Contó que en el ejercicio de fiscalización, en la legislatura se analizaron informes de jueces y juezas, en cuanto a la aplicación de la ley vigente.
Informó que ahí se evidenció como duda la aplicación de la flagrancia en caso de delitos de violencia con la mujer y miembros del núcleo familiar, así como la consecuencia de la falta de cumplimiento de la sentencia sobre la reparación integral y del delito de violencia psicológica.
LILA/pv
