Con 77 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. La normativa pretende establecer el régimen jurídico para la planificación y ejecución de la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios.
Los puntos que generaron debate tienen que ver con el cambio de concepto de derecho vial, así como la contribución especial de mejoras. El proyecto modifica el derecho de vía y le otorga un nuevo alcance, pues constituye un bien de dominio público y en el caso de que una parte sea propiedad privada, el Estado debe proceder a su expropiación y justa indemnización.
Según el articulado, en nuevos proyectos viales, dado que muchas veces la planificación demora en concretarse, se establece la posibilidad de que el Estado pueda afectar terrenos por donde se proyecta construir una carretera, con la finalidad de que los propietarios no construyan o siembren en esos sitios y evitar el aumento de forma artificial del precio del suelo en una futura expropiación.
El asambleísta por Carchi, René Yandún, afirmó que “muchas carreteras, construidas por los gobiernos provinciales, fueron captadas por el Estado y luego abandonadas, por lo que es preciso establecer claras responsabilidades para beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin excepción". El concepto de infraestructura vial debe contemplar las nociones de construcción, reconstrucción y el mantenimiento de las carreteras", subrayó.
Antonio Posso, asambleísta por Imbabura, afirmó que los ciudadanos financian las obras de construcción vial y que la normativa busca el cobro de nuevos tributos, frente a lo cual Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que trató el tema, indicó que la contribución especial de mejoras, destinada a viabilidad, ya consta en la vigente Ley de Caminos, de modo que aseguró, no se trata de un nuevo tributo.
Luis Fernando Torres, asambleísta por Tungurahua, cuestionó el cambio de concepto del derecho de vía. Según el cuerpo legal, constituye una faja de terreno permanente y obligatoria, destinada a la construcción, mantenimiento y servicios complementarios, determinada por la autoridad competente. Además, criticó los artículos 19 y 20, donde se determina que los terrenos ubicados en el derecho de vía pasan de ser un bien de dominio privado a bien público y la autoridad competente tendrá la facultad de uso y gozo en cualquier tiempo.
Si bien en la Ley de Caminos se habla de la contribución especial de mejoras, dijo el asambleísta, el numeral 7 del Artículo 15, refrente a las atribuciones y deberes (emitir políticas públicas de vialidad y parámetros técnicos) del ministerio rector, no está debidamente redactado. Además, criticó el cobro de tasas y tarifas viales contempladas en el numeral 8 del mismo artículo, para el financiamiento, uso y mantenimiento integral de la infraestructura de la red vial estatal. Para Torres, con esta Ley “se quiere cobrar por todo”.
Fausto Terán, representante de Pichincha y vicepresidente de esta mesa parlamentaria, aseguró que la normativa no pretende cobrar nuevos tributos. Reiteró lo afirmado por otros asambleístas, en el sentido que la contribución especial de mejoras ya consta en la vigente Ley de Caminos, así como en el Código Orgánico de Organización Territorial.
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