Este lunes, 13 de marzo, a partir de las 15:15, la Asamblea resolverá la objeción presidencial al proyecto de Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública. La Comisión de Gobiernos Autónomos, que trabajó en el informe, recomienda al Pleno allanarse totalmente, porque aseguraron que las observaciones mejoran el texto. Las reformas propuestas buscan dinamizar la contratación pública, a fin de incentivar la economía nacional, en especial, para los pequeños contratistas.
Con el proyecto se amplía a otros montos la contratación integral a precio fijo, con el propósito de reducir los costos y tiempos de contratación, así como la operación de ciertos proyectos. También se establecen facilidades para que los pequeños contratistas accedan a fondos y cumplan las garantías exigidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y negociar facturas pendientes de pago.
La reforma limita los porcentajes de contratación de obras complementarias, obra nueva y diferencia de cantidades, para equipararlos a los estándares utilizados por los organismos multilaterales de crédito y otros países de la región. Este mecanismo permitirá mayor responsabilidad de los consultores y funcionarios, que elaboran los estudios precontractuales, para que se ajusten a la realidad.
El tema de expropiación también se contempla en esta iniciativa legal. Ahí se propone que el justo precio se calcule descontando los aumentos producidos por la obra pública y otros que no hayan pertenecido al dueño del predio. De esta manera, el Estado recuperará las revalorizaciones del bien que se producen por su propia acción, mediante el cobro de la contribución por mejoras.
Esta atribución ya las ejercen los gobiernos autónomos descentralizados y el proyecto propone que éstos se otorguen a la Administración Pública Central. Mediante esta reforma se homologan la contribución especial de mejoras y la forma de cálculo de justo precio, en todos los niveles de gobierno.
En el informe para segundo debate, la Comisión de Gobiernos Autónomos explicó que el Gobierno Central enfrenta varias dificultades al momento de ejercer su facultad expropiatoria. Señaló que esta problemática dificulta la ejecución ágil de las obras necesarias para el beneficio de la ciudadanía y encarece costos. Indica que la dificultad más compleja constituye la especulación del suelo.
Una de las observaciones del presidente Rafael Correa se refiere a la negociación del precio, cuando un bien inmueble se declara de utilidad pública. Los asambleístas plantearon que cuando el Estado realice una expropiación se busque un acuerdo directo entre las partes, hasta por 30 días, con la posibilidad de que se pueda ocupar inmediatamente el inmueble. Para que proceda dicha ocupación se debe realizar el pago previo o, a su vez, la consignación, en caso de no existir acuerdo.
En este artículo, según el informe de la comisión, el presidente de la República, Rafael Correa, cree necesario garantizar el derecho a la propiedad privada e incluye la posibilidad de que el expropiado pueda disponer del dinero, en cualquier momento, antes de que finalice el juicio. Especifica, además, que esa decisión no perjudicará la impugnación propuesta.
LILA/pv
