El Pleno de la Asamblea, con 79 votos, se allanó a la objeción del Ejecutivo al proyecto de Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública, según la recomendación que hizo la Comisión de Gobiernos Autónomos. El presidente de esta mesa, Richard Calderón, explicó que las observaciones mejoran la redacción del texto. Con la norma, se busca garantizar la transparencia y eficiencia en los contratos que suscriba el Estado.
A través de la iniciativa legal, se reforman leyes como la de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Uno de los cambios que busca mejorar es el de expropiación.
Con este proyecto se homologan los precios y tiempos relativos a la expropiación. Se propone que se pague el precio justo, descontando los aumentos producidos por la obra pública, a fin de que el Estado recupere las revalorizaciones, que se producen por su propia acción, mediante el cobro de la contribución por mejoras. Este impuesto ya lo receptan los Gobiernos Autónomos Descentralizados y ahora se busca que también lo pueda hacer el Central.
En este ámbito, uno de los temas que objetó el presidente de la República, Rafael Correa, es sobre la negociación del precio. Propuso que cuando las partes no están de acuerdo y se sometan a litigio legal, si el Estado necesita el bien lo pueda ocupar, pero el propietario puede pedir el dinero, antes que concluya el juicio.
En el informe, la Comisión señala que el argumento es válido. Precisa que, como un juicio expropiatorio puede tomar tiempo, se deben garantizar al propietario los medios económicos para que desarrolle sus actividades normales. La otra observación del Ejecutivo tiene que ver con la afectación de las actividades económicas cuando haya expropiación.
La participación de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, así como pequeñas y medianas empresas para que accedan a la contratación de obras es otro de los temas que refuerza el proyecto. Aquí, el Régimen vetó lo referente a los derechos de cobro de los proveedores de este sector productivo.
En el Proyecto, los asambleístas aprobaron que pueden ceder dichos derechos. Sin embargo, el Presidente señala que, más bien, se deben cumplir los pagos correspondientes para que sus titulares no sufran descuentos en las negociaciones que realicen con las entidades que se encargarán de cobrar.
La reforma redujo los porcentajes para extenderse en los contratos complementarios, que será máximo hasta el 15% del contrato principal. Con la ley vigente llega hasta el 70%. No obstante, ubicó una excepción que puede sumar hasta el 30%, pero con un informe previo de la Contraloría.
Además, se estableció un procedimiento para la contratación a precio fijo y se redujo el monto de 30 millones de dólares a 250 mil.
El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación, con lo que entrará en vigencia.
LILA/pv
