Pleno aprobó el proyecto urgente para la restructuración de deudas

Lunes, 13 de marzo del 2017 - 22:01 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Pleno aprobó el proyecto urgente para la restructuración de deudas

El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de 75 legisladores, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que tiene por objetivo dar facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones.

La normativa amplía los plazos para que estas personas cumplan sus obligaciones pendientes de pago; incorpora a todos los deudores de la banca cerrada para el recálculo, así como a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que no pudieron cumplir los convenios de recálculo. Habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere dicho recálculo.

También, autoriza al Banco Central la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares de cobranza, de mayoría accionaria pública para la gestión de la cartera de la banca cerrada. Se condonan las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco de Fomento en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5% del saldo de capital dentro del plazo de 180 días.

La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos. Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio de recálculo. Los que no hubieren suscrito convenios, tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.

Uno de los elementos importantes incorporados en la ley es el relacionado con la aplicación del principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido el un año de gracia.

En el debate, los diferentes sectores políticos expusieron sus puntos de vista en torno al proyecto. En ellos, el legislador Oswaldo Larriva, de Azuay, sugirió que se vele también por los acreedores de buena fe, como el caso de los perjudicados por instituciones cooperativas, con recursos por más de 60 millones de dólares que se llevaron sus administradores.

Carlos Bergmann, de Manabí, recordó que el feriado bancario es la mayor tragedia que ha vivido el Ecuador en su historia y hoy se busca un mecanismo para atender la dura situación que viven cientos de familias por las consecuencias de esa nefasta decisión.

Entre tanto, Luis Fernando Torres, de Tungurahua, tras manifestar su acuerdo con dar todas las facilidades a los deudores de buena fe para que honren sus obligaciones, observó que sería importante que la Comisión del Régimen Económico investigue las denuncias de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador, para garantizar la transparencia del cierre de la crisis bancaria de 1999.

Para Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, que estudió el proyecto urgente, consideró necesario que esta ley permita terminar de una vez por todas el drama de centenares de ciudadanos que fueron afectados por el feriado bancario, pero también esperamos terminar con la famosa central de riesgos.

El legislador René Yandún, de la provincia del Carchi, aseguró que está de acuerdo con la aprobación de esta ley, pero resulta una ley incompleta, puesto que es necesario exigir del Banco Central del Ecuador los balances financieros de los bancos cerrados para saber qué pasó con los activos, qué pasó con los pasivos y dónde están esos bienes.

Mientras, el representante de la provincia de Pichincha, Henry Llanes, expresó que coincide con la necesidad de solucionar definitivamente el tema de la crisis bancaria, pero  a más de este tipo de leyes, el Gobierno debió ordenar una auditoría para establecer los verdaderos costos que representó este hecho que inicialmente fue de 8 000 millones y al momento superaría los 11 000 millones de dólares.

La asambleísta Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea, aclaró que aquí no hay condonación de deudas, que eso no ha sido presentado por el Ejecutivo y que tampoco eso ha sido el pedido por ninguna persona de honor, lo que se hace con esta ley es dar a los deudores de buena fe un mecanismo para que puedan honrar sus deudas y, de esta manera, “superar una historia marcada por el dolor, por el sufrimiento, por la mala aplicación de la ley”.

Votación del proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores

EG/pv