La Secretaría General de la Asamblea Nacional distribuyó, para conocimiento de los asambleístas, el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017. La iniciativa del Ejecutivo busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñarse si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales.
El presidente de la República, Rafael Correa, envió esta víspera el proyecto en el que indica que, en los últimos comicios, convocó al pueblo para que se pronuncie sobre este tema, cuya aceptación fue mayoritaria, por lo que cree conveniente presentar la iniciativa. Aclara que, desde el inicio del actual gobierno, a través de diversas normas se impulsó la lucha contra estas prácticas, por lo que la propuesta no obedece a coyunturas políticas de alguna naturaleza.
El proyecto rige para quienes ocupen o ocuparen puestos de elección popular, quienes presten o prestaren sus servicios y quienes fueren electos o ingresen al sector público, bajo cualquier modalidad, a partir del 6 de marzo del 2018. Manda que quienes, de alguna manera, tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, deberán dejar de tenerlos hasta el 6 de marzo del 2018.
Según la iniciativa legal, no se considerará la transferencia de bienes o capitales si se entrega a empresas, corporaciones u otras formas asociativas o fideicomisos, en los cuales formaren parte de aquella, o tuvieran algún beneficio, participación o derecho. Tampoco se hará valedero si se ha realizado en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a él. A las mismas condiciones deberá sujetarse cualquier tipo de inversión, fondos, depósitos a plazo fijo o variable que se mantuviere.
La Contraloría General del Estado será la encargada de solicitar la cesación de sus funciones, sobre la base de la declaración patrimonial.
Los servidores públicos que no cumplan estas disposiciones serán separados de sus puestos y se les impondrá sanciones. Para quienes estén sujetos a control político de la Asamblea Nacional, con excepción de ministros, se comunicará tal particular al Parlamento, a fin de que proceda al enjuiciamiento político e imponga la sanción; para los ministros se comunicará al Presidente de la República; en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se remitirá al respectivo órgano colegiado; y, los demás servidores públicos se informará a la respectiva autoridad nominadora.
En la exposición de motivos, el proyecto indica que los denominados paraísos fiscales permiten que las personas que más tienen puedan mover su riqueza a sitios donde no existe la obligación de declararla, con lo que se evitan cargas tributarias y son una vía, que facilita la concentración de la riqueza y ahonda las desigualdades sociales.
Explica que, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en los paraísos fiscales se ocultan de 5 a 7 billones de dólares, mientras que de acuerdo con el Tax Justice Netwok, el dinero de los impuestos que se evaden supera los 255 mil millones de dólares anuales. Afirma que esa cantidad supera cinco veces a la necesaria para lograr los Objetivos del Milenio, propuestos por las Naciones Unidas.
LILA/pv
