Para acceder a ciertos servicios los habitantes de la Manga del Cura dependían de la voluntad política de las autoridades de Manabí o de Guayas. Con esta explicación, la asambleísta Alexandra Ocles resume la importancia de que la Asamblea apruebe el proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre estas dos provincias, en ese sector. Esta iniciativa consta como único punto del Orden del Día de la sesión del Pleno 440, convocada para mañana, a las 09:45.
Alexandra Ocles recordó que en consulta popular realizada el 27 de septiembre de 2015 los pobladores de la Manga del Cura resolvieron pertenecer a Manabí. Dijo que con el tratamiento de esta iniciativa del Ejecutivo lo que se hace es ratificar ese pronunciamiento y establecer de forma legal este proceso.
Resaltó que más que fijar límites, que ya se definió en consulta, con la norma se busca brindar la oportunidad de resolver una problemática social compleja que vivían sus habitantes, porque los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) no asumían las competencias de manera clara, debido al dilema de sus límites. Contó que, según el proyecto, el gobierno provincial de Manabí y el municipal del El Carmen serán los encargados de atender las necesidades de esta población.
De acuerdo con el Código de Organización Territorial (Cootad) los gobiernos provinciales tienen entre sus funciones fomentar las actividades productivas y agropecuarias de su jurisdicción; desarrollar planes y programas de vivienda de interés social; construir obra pública; vialidad; riego; promover el desarrollo sustentable; implementar políticas de construcción de equidad e inclusión; promover y patrocinar las culturas, artes, actividades deportivas, recreaciones, entre otras acciones.
Según el Cootad, los municipios deben implementar algunas de la mayoría de las actividades señaladas en el párrafo anterior, pero en el ámbito de su competencia. Además, promover los procesos de desarrollo económico local; regular y controlar el uso del espacio público; regular y promover el turismo; regular y controlar las construcciones; y, prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas y otras que garanticen los derechos ciudadanos.
Ocles agregó que con la propuesta legal el Estado tendrá una real presencia en este sector. “El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos”, ratificó.
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