Con la presencia de representantes de la Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Justicia inició el tratamiento y debate del proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero, referida a los paraísos fiscales.
Wilson Vallejo, coordinador Jurídico de la Contraloría, recordó que el artículo 2 del proyecto determina que los funcionarios que tuvieren bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán transferirlos en máximo un año, luego de lo cual deberán realizar una nueva declaración patrimonial de bienes, que recogerá la transferencia de los mismos, capitales o inversiones.
También mencionó que el artículo 3 habla que la Contraloría General será la encargada de solicitar a la autoridad nominadora, la destitución del funcionario inmerso en la prohibición, esto es, poseer bienes o inversiones en territorios considerados como paraísos fiscales.
Por tanto, continuó, en los términos en los que está redactado el proyecto, se entiende que la Contraloría tendrá que efectuar una comparación entre las declaraciones existentes de los funcionarios públicos y aquellas presentadas luego de que finalice el plazo previsto en la ley, a fin de verificar si se produjo la trasferencia o si los bienes de paraísos siguen constando en esta.
Argumentó que el problema, en la práctica, surge porque el organismo no tiene facultades ni competencias para corroborar o determinar la existencia de bienes en el exterior, ya sea en paraísos fiscales o en cualquier otro territorio fuera del Ecuador, que no sea considerado un paraíso fiscal; las actuaciones estarían limitadas a bienes situados en nuestro país, tema que la mesa de Justicia tiene que abordar con detenimiento, para dotarnos de las herramientas que nos permitan cumplir con el encargo que fija la ley.
Reformas al Código de la Democracia
Mientras que Ricardo Andrade, coordinador de Asesoría Jurídica del CNE, dijo que es fundamental reformar el Código de la Democracia, dándole mayor seguridad a la Función Electoral al momento que se presenten a inscribir las candidaturas, además de fijar la obligatoriedad de la declaración juramentada y normar el caso de la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos.
Reformas a Ley de Participación
A su vez, Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, explicó que la entidad, de acuerdo con la Ley, tiene a su cargo los concursos de oposición y méritos para designar Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor, miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Ahora, sería indispensable una reforma a la Ley de Participación para incorporar el cumplimiento del mandato popular del 19 de febrero, en cuanto a no poseer patrimonio en paraísos fiscales y que estos parámetros regulen las designaciones.
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