La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, informó que cerca de 30.000 millones de dólares han sido retirados de Ecuador a paraísos fiscales -citando cifras del Servicio de Rentas Internas- y lamentó que estos recursos, inclusive, evadan impuestos en el país sin que puedan propiciar la inversión en sectores estratégicos como salud, educación, créditos para emprendimientos e infraestructura de obras que beneficien a la mayoría de ecuatorianos.
Expuso que dichos paraísos fiscales permiten la reserva y confidencialidad del origen de esos dineros, los cuales podrían estar vinculados a lavado de dinero, explotación laboral y otros tipos de delitos tipificados en las leyes ecuatorianas.
Rivadeneira hizo énfasis en que la salida de esos recursos no es ilegal pero sí la calificó como ilegítima, inmoral y poco ética. En ese sentido, dio el ejemplo del candidato presidencial de la derecha, Guillermo Lasso, quien dice apostar por el desarrollo del país teniendo más de 40 empresas offshore e inversiones en tres paraísos fiscales: Panamá, el estado norteamericano de Delaware y las Islas Caimán, información que se hizo pública tras una investigación del diario argentino Página/12 publicada el pasado 12 de marzo.
Asimismo, explicó que el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, referente a dichos paraísos fiscales y realizada el pasado 19 de febrero en las elecciones generales, fue calificado la pasada semana por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y fue enviado para el respectivo tratamiento a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La titular del Legislativo agregó que este proyecto de ley reforma el Código de la Democracia, la Ley del Servicio Público y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana e “impone un trato transversal para quienes han preferido inversiones en paraísos fiscales y no en Ecuador”.
Mencionó que gracias a la consulta popular, en la que ganó la opción del Sí al control de las inversiones en paraísos fiscales con el 55,12%, todos esos recursos que están fuera del país deben retornar a la economía nacional hasta marzo de 2018.
Rivadeneira puntualizó que cualquier candidato que incumpla con esta ley deberá dejar el cargo al que fue electo de manera inmediata y también podría enfrentar un proceso civil y penal.
Asamblea Constituyente de Montecristi
La Presidenta de la Asamblea Nacional recordó que la Constitución de Montecristi fue aprobada con el respaldo del 80% de la población porque principalmente se constituyó como garante de la defensa de los derechos de los ecuatorianos y convocó a una gran minga nacional en la que participaron diversos sectores populares, organizaciones sociales y el sector empresarial para, precisamente, consagrar dichos derechos.
Explicó que la Constitución de 1998, su predecesora, fue, en cambio, completamente de derecha con políticas neoliberales de exclusión. “Para nosotros la reivindicación de la Constitución de Montecristi es, sin duda alguna, el paso efectivo a los derechos sustanciales de educación y salud universal y gratuitos, de reconocimiento de los pueblos y nacionalidades, de nuestra gran diversidad como país para que todas las políticas públicas sean aplicadas según la cosmovisión de nuestros pueblos”, aseveró.
En ese sentido, lamentó la propuesta del candidato de derecha en torno a llamar a una nueva Constituyente y la calificó como una propuesta demagógica en época de campaña. “Yo plantearía una actualización permanente de la norma, incluir las que todavía hacen falta dentro de la Legislatura que ha sido un reto permanente. Sin duda alguna la sociedad ecuatoriana de hace 10 años no es la misma que la de hoy y necesitamos seguir actualizando la legislación para garantizar derechos universales”, acotó Rivadeneira.
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