Comisión acogió sugerencias de Marisol Peñafiel en proyecto sobre paraísos fiscales

Martes, 11 de abril del 2017 - 16:20 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero del 2017, recoge algunas propuestas realizadas por la asambleísta Marisol Peñafiel. La Parlamentaria recalcó que normas como estas son fundamentales para evitar la evasión y elusión fiscal, a fin de garantizar un mejor desarrollo del país y sus ciudadanos.

El proyecto responde al pronunciamiento del pueblo, en la consulta popular del 19 de febrero de este año, en la que los ecuatorianos decidieron que los funcionarios públicos o autoridades de elección popular que tengan inversiones en paraísos fiscales, no puedan ejercer sus cargos.

Peñafiel planteó que se amplíe y precise el ámbito de aplicación de la norma y la Comisión acogió la idea. El Proyecto establecía que la Ley se empleará para las personas que ostenten una dignidad de elección popular y a las que sean consideradas como servidoras o servidores públicos, pero la legisladora pidió que se incluya el tema de los paraísos fiscales.

Dijo que, para dicha aplicación, se debe facultar a la entidad nacional encargada de la recaudación tributaria para que, con instrumentos internacionales adecuados y la ley, pueda determinar las jurisdicciones que se considerarán como paraísos fiscales.

Al mismo tiempo, solicitó se incluya un artículo para que cuando la entidad tributaria establezca nuevas jurisdicciones y las incorpore en su lista, se otorgue un año de plazo a las autoridades de elección popular y servidores públicos para que cumplan con las disposiciones de la Ley o renuncien al cargo. Este pedido también consta en el informe.

En el documento que preparó la Comisión de Justicia, a la que Peñafiel pertenece, se recogió además la recomendación de que se aclare el artículo 4 para que la Contraloría General del Estado pueda requerir a cualquier entidad pública o privada del sector financiero nacional, información, movimientos u operaciones de las personas obligadas a declarar.

Otro de los planteamientos que recibió el visto bueno en la Comisión, es el relacionado con el procedimiento para la aplicación de las sanciones cuando se ejecuten destituciones o pérdida del cargo. La asambleísta planteó que especifique a qué autoridades están dirigidas las solicitudes de destitución.

En este sentido, en el informe se estableció que cuando se trate de servidores públicos sujetos a control político se dirija a la Asamblea Nacional; cuando involucre a asambleístas, al Pleno del Parlamento; cuando sean ministros de Estado al Presidente de la República; cuando comprometa a prefectos, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales o sus vocales, consejeros, concejales, a los órganos colegiados competentes; y, en los demás servidores públicos a la autoridad nominadora.

Peñafiel también defendió el principio del debido proceso en el caso de que se inicien sumarios administrativos. Explicó que la Constitución establece que en nuestro país rige un Estado constitucional de derechos y justicia.

La Legisladora destacó que es necesario llenar vacíos legales para evitar la elusión y evasión fiscal, que tanto daño le hace al país. Enfatizó que con estas prácticas los países se perjudican en sus políticas de recaudación fiscal y redistribución de recursos, para garantizar derechos, así como brindar bienes y servicios públicos. “Los paraísos fiscales facilitan la concentración de la riqueza y ahondan la desigualdad. Se calcula que por lo menos 32 millones de personas podrían salir de la pobreza sino se evadieran impuestos”, agregó.

LILA/eg

 

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