La propuesta presentada por el Ejecutivo, el pasado 5 de marzo y remitido a la Comisión de Gobiernos Autónomos, para su tratamiento, busca garantizar el derecho al hábitat y vivienda para los moradores de estos territorios. Para esto, se reformarían algunos artículos de la Ley que legaliza la tenencia de la tierra, considerando que la actual norma no beneficia a la totalidad de los moradores y posesionarios de los predios. Según la asambleísta, Marcela Aguiñaga, existen 20.000 viviendas que aún no se legalizan.
Bairon Valle, Guadalupe Salazar y Marcela Aguiñaga, coincideron en que las reformas a la ley apuntan al desarrollo sostenible de estas zonas que, históricamente, sufrieron tráfico de tierras e invasiones. María Augusta Calle instó a los asambleístas a estudiar y analizar el informe en tanto que, según su criterio, las reformas podrían alimentar las invasiones.
El debate giró en torno a tres puntos. Se contempla la definición de condiciones y plazos para acogerse a la legalización, así como los usos permitidos en los bienes adjudicados, y los valores de los lotes, dependiendo de su destino. Esto para dar flexibilidad a la normativa.
La Reforma determina la obligatoriedad a los registradores de la propiedad de notificar al Miduvi o municipio correspondiente, cuando se niegue una adjudicación, por tener otros bienes inmuebles en el cantón. Una vez notificados están obligados a revocar la adjudicación por dicho incumplimiento.
Finalmente, se incluye una disposición general en beneficio de posesionarios desalojados, pero que al amparo de nuevos requisitos, tenían la posibilidad de legalizar la situación de sus viviendas.
María Augusta Calle aseguró que esta Reforma debe mantener el enfoque ´cero tolerancia´ a las invasiones. Además, dijo que amplía el carácter de los bienes habitacionales o de vivienda a fines sociales o comerciales (recreación, educación, salud). Pidió a los asambleístas hacer un estudio minucioso del informe. Solicito actuar con responsabilidad social hasta el último día como asambleísta a favor del pueblo”, subrayó.
Bairon Valle mencionó que actualmente se protegen los intereses de los promotores inmobiliarios. Dijo también que Guayaquil fue secuestrada por los traficantes de tierra, donde los gobiernos del pasado hicieron todo a su conveniencia, en detrimento del progreso económico y social de estos cantones. “Si bien la ley 88, ´Cero tolerancia´, pone fin a los asentamientos humanos irregulares, a favor del desarrollo sostenible, es preciso aprobar esas reformas”, expresó.
En esta misma línea, Guadalupe Salazar señaló que gracias a las reformas se agilita el trámite de legalización y sostuvo que los predios no deben ceñirse únicamente a la vivienda, sino al área comercial, a fin de garantizar el desarrollo económico que, por décadas, fue bloqueado.
Marcela Aguiñaga aseguró que Guayaquil desde 1940 no pudo gestionar la migración de personas que llegaron a las grandes ciudades, quienes se situaron en lo que los sociólogos denominan ´cinturones de miseria´. “Son zonas sin ordenamiento territorial, ni servicios básicos, con lo cual se incrementan las condiciones de vulnerabilidad”, explicó.
“La reforma del 2013 no solucionó todos los problemas, por eso es vital revisar este proyecto que viene desde el Ejecutivo, que apunta hacia una mejor calidad de vida de los habitantes, a través del acceso a servicios básicos, desarrollo comercial, recreación. No pienso que este proyecto reformatorio recrudezca las invasiones”, concluyó.
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