La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió a representantes de varias carteras de Estado para dar continuidad al estudio del proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Se trata de la segunda comparecencia para el tratamiento de esta normativa. Alexis Sánchez Miño, titular de la Secretaría del Agua (Senagua), afirmó que el Ecuador constituye un referente en gestión de recursos hídricos en la región. De ahí que Senagua trabaja en una planificación estratégica de recursos hídricos, a escala nacional, que contempla cuatro ejes de acción: gestión de riesgos, prevención de contaminación, protección hídrica de la región amazónica y gestión transfronteriza.
La gestión transfronteriza es una acción transversal de la planificación nacional, pues el Ecuador comparte algunas cuencas hídricas con Perú, que precisa una administración adecuada. Además, dijo que se gesta una cultura del agua que persigue el acceso al líquido vital, tanto en calidad como cantidad.
Esta nueva cultura abraza algunas aristas como: adaptación al cambio climático, implementación de nuevas tecnologías en el uso del agua, protección de fuentes hídricas y adecuada explotación de acuíferos. Estos son ejes de una política pública de vital importancia, si se considera que el territorio nacional comprende nueve demarcaciones hidrográficas: Esmeraldas, Guayas, Jubones, Manabí, Mira, Napo, Pastaza, Puyango-Catamayo y Santiago, de las cuales depende el riego para cultivo y consumo humano.
En esta línea, el asambleísta Alberto Zambrano, acotó que la región amazónica, al constituir una circunscripción rica en cuencas hidrográficas, requiere de la política de Senagua para la prevención de la contaminación del líquido vital, que no solo afecta a nuestro país sino también a Perú, en tanto que la red hídrica se encuentra interconectada. Resaltó la necesidad de controlar la contaminación petrolera, en la provincia del Napo.
Sánchez respondió que la Secretaría, con tres años de creación, actualmente trabaja en una planificación estratégica de calidad de agua. Dijo que no creen en leyes punitivas, sino en un cambio de cultura, protección y prevención del líquido vital. Además, sostuvo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son las entidades directas encargadas de la administración de políticas públicas en beneficio de las localidades.
César Solórzano, aseguró que el punto de convergencia entre las medidas de la Secretaría y la Ley Amazónica radica en la mitigación de los impactos ambientales. Por consiguiente, algunos artículos de esta normativa deben apuntar hacia la atenuación de los daños potenciales, causados por eventos naturales.
Entre tanto, el asambleísta Pepe Acacho, integrante de la Comisión, instó a las autoridades gubernamentales para que pasen a la acción con respecto a la atención y remediación de la contaminación del agua en la región Amazónica. Acacho afirmó que, la Ley Amazónica, en teoría, se encuentra bien construida, pero que los habitantes de la región necesitan la materialización y ejecución de la normativa, también a favor de los derechos de la naturaleza.
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