La discusión de si el Proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de Febrero de 2017 es constitucional o no, fue parte del primer debate en el Pleno. A través de la iniciativa legal se dispone que ningún funcionario público o dignatario de elección popular pueda tener bienes o capitales en paraísos fiscales, tal como mandó la mayoría del pueblo en las urnas.
Luis Fernando Torres, argumentó que el problema de esta Ley es que crea nuevas causales de destitución para dignatarios de elección popular, que no constan en la Constitución. Dijo que la pregunta fue ambigua y que la Ley tiene errores que hacen no se concrete la voluntad del pueblo de tener una regla clara.
Recordó que, según la Consulta, la prohibición de ejercer funciones públicas por tener inversiones en paraísos fiscales fue solo para servidores públicos o dignatarios de elección popular, pero que en la disposición transitoria segunda se extiende para los aspirantes a estos puestos, por lo que se amplía la norma a un mandato, más allá de lo expresado por el pueblo.
"No hay inconstitucionalidad", respondió Virgilio Hernández. Explicó que el Artículo 1 de la Carta Magna, señala que soberanía radica en el pueblo que se expresa a través de varios mecanismos, entre ellos el de la democracia directa. Recordó además que, manda al Estado a garantizar el efectivo goce de los derechos consagrados en la misma y que obliga a erradicar la pobreza, promover el desarrollo, planificación, pero que los paraísos fiscales son un obstáculo para alcanzar esos objetivos.
Los paraísos fiscales tienen repercusiones éticas, jurídicas, como el principio de la igualdad; y, económicas, porque debilita la dolarización, aupa la corrupción y la realización de actividades lícitas. Se habla que de Ecuador salieron 30 mil millones de dólares, replicó Hernádez, mientras su coidearia, Betty Carrillo, dijo que el dinero que se fuga a estos lugares serviría para construir más escuelas, carreteras, hospitales y generar vida más digna. “A pesar de que construimos una patria más justa y humana, necesitamos seguir levantando este camino positivo”, recalcó.
En tanto, María Augusta Calle, expresó que la Legislatura ya venía discutiendo el tema de los paraísos fiscales, con una investigación que realizó la Comisión de Justicia. “La Asamblea trabaja, lo que no hemos hecho es alarma para salir en medios”, dijo. Por otra parte, aclaró que el Proyecto que se discute es para dignidades públicas, no para empresarios.
Esto, ante la consideración de Alfredo Serrano de que no considera delito el que una persona con trabajo tenga utilidades y las invierta fuera del país, porque el ciudadano paga el Impuesto a la Renta, en el momento que genera esos recursos y la salida de capitales. "El problema de los paraísos fiscales no está en dónde se ponga el dinero, sino en la procedencia de los mismos", precisó.
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