El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este martes, a partir de las 09h00, con el fin de resolver la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, que busca establecer un sistema jurídico para la planificación, construcción y conservación de este tipo de infraestructura y sus servicios complementarios.
La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe no vinculante, en el que recomienda el allanamiento total. El Ejecutivo observó dos artículos. Uno de ellos se refiere a la ocupación temporal del derecho de vía y el otro, corrige un término en el artículo relacionado con el uso de materiales de construcción necesarios para la obra pública, en áreas libres o concesionadas.
Establece que la ocupación temporal consiste en el uso y goce de los terrenos que están en la franja que son necesarios para la construcción de una obra. Determina que cuando la entidad competente requiera de esa ocupación, determinará el monto de la indemnización a pagar, bajo el principio de equidad y justo precio.
El Ejecutivo sugiere incluir otro párrafo para que cuando se trate de una ocupación inmediata, la entidad competente pueda declararla de utilidad pública, sin necesidad de autorización judicial, ni consignación o pagos previos. Indica que esa decisión se notificará al propietario para iniciar la fase de negociación directa del precio.
En el informe, la Comisión señala que para su construcción, las carreteras requieren de varios predios y que, en el caso de exigir todos los requisitos para la ocupación inmediata, el inicio de las obras se dilataría demasiado, afectando la planificación y encareciendo los costos, como consecuencia de la inflación. Además, recalca que el procedimiento propuesto por el Ejecutivo no afecta los derechos de los propietarios, pues ellos serán indemnizados de manera justa, conforme las reglas generales.
En el otro artículo, el Ejecutivo cambia el término “minería” por “cantera”, cuando se trate de explotación de los materiales para la construcción de obras, que lo podrán hacer las entidades públicas encargadas de dichos trabajos viales. Según el proyecto, los gobiernos autónomos descentralizados deberán autorizar el acceso, sin costo, al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios.
Dispone que cuando las canteras estén en propiedad de particulares se deberá cancelar un valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre, así como por daños causados por efectos de la explotación, pero no por el valor de los materiales extraídos.
El proyecto modifica el alcance del derecho de vía que existía en la Ley de Caminos, vigente desde 1964, con la finalidad de homologarlo al concepto que se tiene a nivel de otros países de la región. Con la propuesta, el derecho de vía se constituye en una franja de terreno, que no solo sirve para las futuras intervenciones, sino que es necesaria para garantizar la funcionalidad de las vías.
PV
