La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La norma regula la estructura, procesos y mecanismos de acción de todas las instituciones de seguridad pública del Estado. La vicepresidenta de la Comisión, Dora Aguirre, dijo que, por primera vez, el país contará con un sistema integral articulado y organizado, que ofrecerá más seguridad.
El Código consta de cuatro libros y uno preliminar. El primero se refiere a la Policía Nacional y busca profesionalizar al personal policial, al regular su carrera y mejorar el proceso de formación académica. "El Instituto Tecnológico de esta institución se transformará en Universidad, a la que también podrán asistir civiles para que se formen en las diferentes áreas", afirmó Aguirre. Agregó que en este libro se priorizó la unidad familiar, a través de la regulación de pases, así como la estabilidad laboral, entre otras acciones.
Según el informe, la ley que regula a esta institución rige desde 1998 y, pese a las reformas que se pudiesen hacer, “no respondería en su totalidad a la visión de la Constitución del 2008 en la que se pretende una Policía Nacional efectiva, obediente y no deliberante, desmilitarizada, ciudadana y comunitaria, alejada de las viejas prácticas y visiones de la doctrina de seguridad nacional”.
En el siguiente libro se encuentra el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este ente incorpora, legalmente, al personal civil, además del policial, explicó Dora Aguirre. Dijo que optimizará el nivel de formación de los casi mil policías especializados en Medicina Legal y Ciencias Forenses y 59 peritos civiles, que actualmente existen. El sistema articula a varias instituciones y será coordinado por la Fiscalía, según la asambleísta.
En el Libro III se contempla la creación de un Servicio de Protección Pública, conformado por personal civil especializado, técnico, jerarquizado y calificado para garantizar la seguridad de las autoridades que ocupan cargos de alta responsabilidad y de las instalaciones de las distintas funciones del Estado y dependerá del Ministerio del Interior. El asambleísta Eduardo Zambrano, explicó que no se trata de un servicio armado.
Aguirre agregó que los servidores serán especialistas en esta carrera y desarrollarán sus actividades de forma profesional, sin ninguna bandera política. Zambrano expresó que podría empezar a funcionar en unos 10 años, porque primero deben formarse y concretarse otros procesos, como el financiero.
El documento señala que este servicio representa un avance en la especialización de servidores civiles en el campo de la protección, así como un diseño eficiente de la institucionalidad, en materia de seguridad. Aguirre aseveró que permite restituir a miles de servidores a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que desarrollen sus actividades en las áreas donde se los requiera.
El Libro IV regula a las Entidades Complementarias de Seguridad del poder central, como la Unidad de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Además, integra a las entidades de seguridad pública de los gobiernos autónomos descentralizados en las que están los Cuerpos de Bomberos, mientras que los llamados policías municipales o metropolitanos pasan a ser Cuerpos de Agentes Civiles de Tránsito y Cuerpos de Control Municipal.
A estos cuerpos el Código les regula el ingreso, ascenso, carrera profesional, formación, régimen disciplinario. "En la medida que se puede se homologan estos procesos, así como sus salarios", indicó.
En general, el Código norma la organización, estructura, funcionamiento institucional, plan de carrera profesional, régimen disciplinario, derecho, garantías y responsabilidades de 10 instituciones públicas, en las que se encuentran unos 75 mil servidores públicos. En el texto se indica que algunas de las instituciones reguladas en este código “responden a una visión pragmática de la optimización de recursos y la simplificación de procesos, a más de la garantía de eficiencia que soporte al sistema de administración de justicia”.
Para la elaboración de este informe, desde febrero del año pasado, la Comisión analizó y debatió el contenido de los cuatro libros, del preliminar y disposiciones, en 25 sesiones y decenas de reuniones de trabajo, con la participación directa y permanente de todos los representantes de las instituciones involucradas.
LILA/pv
