El presidente Rafael Correa Delgado presentó objeciones parciales a cinco artículos del proyecto de Ley de Sanidad Agropecuaria, tratado por la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. La normativa pretende regular la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas fito (vegetales) y zoosanitarias (animales) para prevenir el ingreso, diseminación y establecimiento de plagas y enfermedades.
El Ejecutivo propuso reformas al artículo 19 que habla sobre el registro en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, considerado innecesario y contrario a las políticas públicas de simplificación de trámites, así como contraproducente para el desarrollo de actividades comerciales de los pequeños agricultores, cuya producción se destina al autoconsumo o a la economía familiar. El Presidente justifica la solicitud de este registro para los casos de exportación e importación.
Este registro está contemplado en el proyecto para la producción y comercialización de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos agropecuarios, así como para la producción nacional de insumos agropecuarios, centros de faenamiento y acopios.
También objetó el artículo 32, referente a la declaración de emergencias zoosanitarias. En este sentido, previa solicitud de la Agencia de Regulación, la Autoridad Agraria Nacional realizará la declaratoria al detectar en una zona la presencia de enfermedades de control oficial que pongan en riesgo zoosanitario a una o varias especies de animales terrestres para prevenir la introducción, transmisión y propagación de la enfermedad.
Otro de los objetivos fundamentales del proyecto es la regulación de estándares para el bienestar animal. Persigue el control de la utilización de animales para actividades de investigación, educación y recreación. La iniciativa propone que los centros de faenamiento tendrán una infraestructura y equipos especializados que no deberán contaminar el ambiente.
El Legislativo cuenta con un plazo máximo de 30 días para el análisis de las observaciones propuestas por el Primer Mandatario.
PAU/pv
