El proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas pasó el primer debate. La norma busca agilitar los procesos de auditorías a este tipo de instituciones y sus subsidiarias. En la reforma se plantea que esos estudios los puedan hacer empresas privadas especializadas e independientes. En el debate, los legisladores plantearon que, para poder contratarlas, la Contraloría General del Estado elabore los términos de referencia y que dichos controles sean pertinentes y oportunos.
“La justicia cuando no es oportuna, ya no es justicia”, enfatizó Patricio Donoso, tras destacar que los controles sobre el uso y manejo de los recursos públicos se deben hacer en el tiempo adecuado y no cuando ya no se puedan enmendar. “El año fiscal 2013 no puede ser auditado en el 2016, eso es lo que pasaba en la gestión específica, cuando determinadas empresas esperaban la autorización para poder auditar, había un tiempo muerto que hacía perder oportunidad”, argumentó Pabel Muñoz, en cuanto a la celeridad para ejecutar las auditorías.
Estos dos asambleístas también coincidieron con el criterio de René Yandún, quien planteó que sea la Contraloría la que elabore y apruebe los términos de referencia para contratar a una empresa privada. Esto con el fin de “asegurarnos que se respeten y convierten en la línea de base para que la empresa privada ausculte e informe la realidad de estas empresas”, precisó Donoso, mientras Muñoz argumentó que el objetivo es contratar diligentemente a las empresas auditoras. Aclaró que, el espíritu de la reforma no es que desparezcan los controles.
Muñoz, también planteó otros cambios, que tienen que ver con el segundo artículo del proyecto de reformas, relacionado con el manejo y administración de las empresas públicas. Sostuvo que debe quedar claro quién va a presidir el directorio de la empresa coordinadora y propone que sea el ministro del ramo, puesto que esa persona debe tener conocimiento del giro del negocio, como petróleo, minas o electricidad.
En tanto, Luis Fernando Torres, comentó que su Movimiento Tiempo de Cambio, trabaja en una reforma constitucional al artículo 315 para que las empresas públicas no sean las que se apoderen de toda la gestión pública nacional y aseguró que llegó la hora de desarrollar un camino para que el Ecuador no dependa solo de ello.
LILA/pv
