Asignación de presupuestos, certificación de competencias laborales y la necesidad de eliminar procesos burocráticos, fueron tres de los temas tratados en las 10 mesas de trabajo armadas en la Unidad Educativa Maximiliano Speller, en Tena, provincia de Napo, a propósito de la cuarta jornada de diálogo sobre el proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, planificada por la Comisión de Educación.
Uno de los puntos que centra la atención entre los maestros es la optimización de la gestión, que se propone en las reformas. Es decir, garantizar la adecuada implementación de la política administrativa y pedagógica, que busca que no solo se trate de atender, como en la actualidad, sino de garantizar que se responda a nivel distrital de forma inmediata, sin tener que pasar por varios niveles antes de que se resuelvan esas necesidades. “Se organiza mejor para que cada nivel sepa qué hacer, pues en la ley vigente, no se especifica”, explicó la vicepresidenta de la Comisión Silvia Salgado, en la mesa 1.
Los legisladores se dividieron en diversas mesas para recibir la mayor cantidad de inquietudes. Fueron más de tres horas de análisis, en las que se despejaron dudas, recogieron planteamientos y explicaron temas difíciles de comprender. Los legisladores Lenín Márquez, Amapola Naranjo, Rafael Quijije, Noralma Zambrano, Israel Cruz, Jimmy Candell, Pedro Chaglla y Rómulo Minchala tomaron, cada uno, una mesa.
Todos ganan
Una de las conclusiones a las que llegaron es que se trata de que quienes ganen sean los estudiantes, por esto los asambleístas hicieron énfasis en que las propuestas darán valor agregado a la normativa.
Una de las propuestas desde la Red de Maestros es que cada GAD Municipal, provea gratuitamente los servicios públicos básicos de su competencia a las instituciones educativas públicas y fiscomisionales, es decir, si el municipio brinda, por ejemplo, el internet como servicio público, entonces se incorpora, depende de cada municipio, pues no en todos están considerados ciertos servicios como básicos.
También se habló de la certificación de competencias laborales, el desarrollo de competencias que permitan una rápida inserción laboral o microemprendimientos, en donde la formación será fundamentalmente práctica. “Lo que se pretende es asignar mayores recursos a las instituciones que tengan estas iniciativas y se convertirían en prioridad”, aseguró Silvia Salgado.
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