Estaba a punto de graduarse, pero no lo logró, lo detuvieron en Estados Unidos y ahora enfrenta un proceso de deportación. Se trata de Diego Puma, el joven ecuatoriano que se convirtió en un ícono de la lucha de alrededor de 1 millón 300 mil ecuatorianos que viven en ese país, la mayoría en situación irregular. Justamente para que existan mecanismos de respaldo hacia quienes afrontan este tipo de situaciones, el Pleno de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de resolución de respaldo a los migrantes deportados.
Ximena Peña, proponente del proyecto, dijo que el caso de Diego, su madre y padre, deportados a Ecuador, es la muestra de la lucha de la comunidad ecuatoriana, unida y solidaria que defiende los derechos de uno de los suyos. “Se evidencia como la moral y tranquilidad de una comunidad honesta y trabajadora se ve diezmada ante un discurso antinmigrante que vulnera los derechos humanos y los trata como a delincuentes”, dijo.
El documento tiene puntos como el reconocer las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Movilidad Humana, además de solidarizarse con los ecuatorianos deportados, exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice una evaluación de lo que sucede, y al Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología para que busquen mecanismos ágiles para que los niños, niñas y jóvenes retornados puedan reinsertarse en el sistema educativo de forma inmediata.
Exigir respeto a los derechos humanos
Lo que busca la resolución es exijir el respeto de los derechos humanos, en especial de los migrantes. En Ecuador, el Estado desarrollará las siguientes acciones: ofrecerá servicio y atención legal, asistencia y protección para los ecuatorianos en el exterior. Se convalidarán los estudios realizados en otros países y los retornados tienen derecho a insertarse en el sistema educativo. Además de la homologación, evaluación y certificación de los conocimientos.
Se prevé, también, el fortalecimiento consular, con consulados móviles. Se analiza un plan de acción interinstitucional que incluye una serie de medidas, cuando los compatriotas vuelven de manera forzosa o voluntaria.
Una de las propuestas de Ximena Peña fue que se contemple un Protocolo de Humanidad para recibir a los deportados. Según relató, el pasado 23 de junio, cuando llegaron 45 deportados, lo hicieron esposados de pies y manos, sin comer y sin un dólar para trasladarse. Dijo además que es necesario un protocolo de seguimiento de cada caso para garantizar el debido proceso. “La historia de Diego nos conmueve, pero nos impulsa a seguir la lucha por un mundo sin seres humanos ilegales”, finalizó la asambleísta.
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