Por unanimidad, 127 legisladores se solidarizaron con las familias y las personas ecuatorianas que han sido deportadas y han visto frustrado su proyecto migratorio de reunificación familiar o de búsqueda de otras oportunidades. También rechazaron la política migratoria del Gobierno de los Estados Unidos por las acciones que atentan y vulneran los derechos humanos de las personas en condición de movilidad.
A través de la resolución, propuesta por la legisladora Ximena Peña, la Asamblea apoyó las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional a través del Viceministerio de Movilidad Humana y las medidas concretas adoptadas en el Plan de Contingencia, tendientes a reducir el número de personas deportadas y a la regularización de nuestros compatriotas.
Además, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco del respeto a la independencia de funciones, la pronta institucionalización de los gabinetes bimensuales que permitan abordar los temas que preocupan a la comunidad, así como dar seguimiento a la implementación del “Plan Nacional por Nuestros Migrantes y Migrantes Retornados”.
Peña sugirió que se incorpore el diseño e implementación de un sistema de protección integral de las personas en situación de movilidad humana en especial a aquellas que han sido deportadas y sus familias.
Exhortó al Gobierno Nacional a expedir el Reglamento a la Ley de Movilidad Humana que incorpora disposiciones de protección y promoción de derechos de los ecuatorianos migrantes, entre ellos el derecho a la exoneración de tributos al comercio exterior en la importación del menaje de casa y en los envíos familiares de paquetería.
De su lado, la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones en el exterior y en coordinación con las oficinas consulares, debe implemente políticas y estrategias de fortalecimiento de su rol, en la defensa de los derechos de los ecuatorianos migrantes, durante los procesos de deportación, y en el territorio ecuatoriano para asegurar su plena inclusión educativa, social y económica.
Así mismo, invitó al Ministerio de Relaciones Exteriores realice una evaluación del proceso de deportación desde los Estados Unidos identificando y aplicando mecanismos diplomáticos que permitan garantizar el trato digno a los compatriotas que se encuentran en esta situación y que en coordinación con las diversas carteras de Estado competentes y los gobiernos autónomos descentralizados, definan políticas o programas para la plena inclusión educativa, social y económica.
La Legislatura llamó al Ministerio del Trabajo a establecer medidas de acción afirmativa y mecanismos ágiles para priorizar la incorporación laboral de las personas retornadas; a los ministerios y entidades que conforman el sector económico y social del Estado a crear planes y programas de inserción socioeconómica; al Ministerio de Educación y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología adopten medidas de acción afirmativa y mecanismos ágiles a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes retornados y, en particular de aquellos que han sufrido deportación, a fin de garantizar su reinserción en el sistema educativo y la oportunidad de acceso a becas de educación superior dentro y fuera del país.
Según la resolución, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales deberá convocar a las autoridades titulares de las entidades exhortadas, para que informen respecto a las medidas adoptadas y lideren acciones dentro y fuera del país, ante instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Parlamento Andino, UNASUR y otros.
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