Después de casi cinco horas de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular. En conversación con los periodistas, José Serrano calificó a la jornada como importante, porque se aprobó uno de los temas esenciales para la prevención y combate a la corrupción.
Serrano hizo énfasis en que se trató de una votación histórica, porque según explicó, no solo se lograron los votos de la bancada de Gobierno, sino también los del movimiento SUMA, del Partido Socialcristiano y de Integración Nacional. “Con esta votación, que superó los 100 votos, la Ley de Paraísos Fiscales se convierte en uno de los aspectos claves y vanguardistas en la lucha contra la corrupción”, recalcó.
Dentro de los puntos esenciales que para Serrano tiene la norma, está el que ningún funcionario público, ni actual ni a futuro, podrá tener cuentas, sociedades anónimas, limitadas o bienes en países considerados como paraísos fiscales. En caso de que se determine que un funcionario público tuviera bienes, capitales o empresas, la Contraloría General del Estado tendrá un procedimiento estipulado para que se pueda dar la sanción respectiva e incluso en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, la Asamblea tendrá la capacidad jurídica y constitucional para destituirlos de sus cargos.
Para el Presidente del Legislativo, el trabajo hecho por la Mesa de Justicia es un ejemplo de como trabajar en pro de la lucha contra la corrupción. Hizo una retrospectiva sobre el juicio político en contra del excontralor y dijo que se trató de un mandato dado por la Constitución, la ley y el pueblo ecuatoriano.
“Hoy trabajamos en una normativa que se remitirá de forma inmediata a la Presidencia de la República, esa será nuestra forma de actuar, de manera ágil y oportuna, para que los ecuatorianos podamos estar confiados de que sus asambleístas trabajan en la protección de sus derechos”, aseguró.
El mandato popular estuvo avalado por la Corte Constitucional y previo a que se lleve a consulta ya fue admitida constitucionalmente por la instancia máxima, lo que se hizo fue establecer una normativa, que más allá de sancionar, previene de manera contundente la corrupción, explicó José Serrano. El Titular de la Asamblea dijo que Ecuador es el primer país del mundo en establecer una normativa para la protección de los habitantes del país.
Plazo vence en marzo
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, también intervino. La legisladora explicó que el plazo para que los funcionarios públicos traigan sus capitales o bienes desde los paraísos fiscales a Ecuador, vence en marzo del próximo año. Además, dejó claro que un examen especial puede nacer de una denuncia ciudadana, de irregularidades que detecte la Unidad de Lavado de Activos o el Servicio de Rentas Internas.
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