Roberto Gómez Lozano, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Guayas y asambleísta alterno, después de resaltar la lucha histórica por la reivindicación de los derechos de los gremios de los trabajadores, propuso crear una comisión tripartita que gestione, de forma idónea, los inconvenientes en materia laboral.
Aseguró que el código debe contemplar dos capítulos que aborden, de manera diferenciada y específica, las particularidades de los trabajadores de los sectores público y privado.
Gómez Lozano pidió también que la propuesta contemple la competencia mandatoria del Ministerio del Trabajo para convocar al empleador y al trabajador en el momento de gestionar inconvenientes laborales.
Otra de las indicaciones fue una sanción a los empleadores por incumplimiento de pago a los trabajadores, que oscila entre 50 y 100 salarios básicos unificados, cuyo plazo de pago es de 30 días.
El legislador resaltó, además, la función protagónica del inspector de trabajo y trajo a colación un referente europeo para la legislación nacional. Por cada 7 mil 500 trabajadores debe existir un inspector de trabajo, con un plan determinado, que permita la gestión adecuada en caso de incumplimiento de obligaciones por parte de los empleadores.
Por su parte, Agustín Licaíno, de la Red de Maestros de la zona 8 de Guayas, demandó el cumplimiento de los derechos de los docentes, quienes a pesar de tener una trayectoria de 20 a 30 años en su labor, aún poseen contrato. De ahí la necesidad de crear concursos públicos para nombramiento.
En representación del sector de la salud, Camilo Ochoa habló de fortalecer los gobiernos autónomos municipales.
En el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, Maximiliana Salazar, representante de este sector, dijo que aún sienten discriminación, exclusión y vulnerabilidad: “La normativa internacional, como el Convenio 189, debe ser un referente para la legislación ecuatoriana, con la creación de un contrato específico que garantice el cumplimiento de sus derechos”.
Óscar Vaguí, presidente del Sindicato de la Hacienda Los Álamos, denunció la explotación laboral, donde los trabajadores perciben remuneraciones precarias y horarios extendidos de trabajo. Habló de pagos que ascienden a 70 dólares mensuales: “Los pobres somos marginados y se beneficia a los que más tienen”. Solicitó una inspección integral de la hacienda.
Como presidenta de la Red de Trabajadores Sexuales del Ecuador, Lourdes Toscano, propuso que se reconozca el trabajo sexual como una actividad laboral dentro del Código: “Al igual que otros trabajadores, somos cabezas de familia y exigimos derechos. Son los dueños de estos centros quienes se enriquecen con nuestro trabajo”.
La presidenta de la Comisión, Liliana Durán, resaltó que es urgente liberar a este sector de la población de la clandestinidad, invisibilización y vulnerabilidad en la que se encuentran: “En Pleno siglo XXI son excluidas y discriminadas, por lo que urgen acciones afirmativas en su beneficio”.
Los representantes de la mesa legislativa aseguraron que los aportes y demandas sociales deben subsanarse en el nuevo Código y que la tarea parlamentaria es recoger los aportes desde las bases, para cristalizar soluciones a través de medidas legislativas.
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