El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, anunció que una vez que la proforma presupuestaria, que asciende a 36 mil 818 millones de dólares, llegue a la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) la envíe a esta mesa, convocará a las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, Carlos de la Torre; del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando; del Banco Central, Verónica Artola y de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros.
Además, no descarta la posibilidad de convocar a entidades relacionadas con el petróleo, el área de inversión, al igual que a los ministerios de Educación, Salud y la Secretaría de Plan Toda una Vida. A criterio del parlamentario, la presencia de estas autoridades es esencial, sobre todo para el análisis de la proforma 2018, que es el eje de ejecución del gobierno de Lenín Moreno.
Igualmente, informó que la proforma tendrá un déficit de 4 mil 700 millones de dólares y un incremento del 2 %, según anunciaron las autoridades económicas.
“Desde el gobierno se propone una estrategia que, técnicamente, se conoce como reperfilamiento de la deuda. Esto quiere decir que la deuda que tiene hoy Ecuador se busca que sea a más plazo y menos intereses. También se establecen mecanismos de operación interna y de corto plazo, que seguramente se utilizarán sobre la base de la información que entregó el mandatario”, agregó.
Pabel Muñoz explicó que la proforma que enviará el Presidente de la República corresponde al 2017, es decir, faltan cuatro meses para culminar el año, por lo que esta proforma convalida lo anteriormente actuado y coloca los recursos para cumplir las ofertas de campaña del Presidente, especialmente Plan Casa para Todos. “Las prioridades siguen siendo Educación, Salud, Seguridad Integral”, subrayó.
Puntualizó que para la asignación del presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados se cumplirá el mandato constitucional que dispone la entrega del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los no permanentes, con el objetivo de desarrollar obras locales.
Según el legislador, desde la Asamblea Nacional lo que se debe vigilar es que los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados estén bien calculados.
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