A las 15h00 del próximo miércoles 16 de agosto, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibirá a Manuel Cholango Tipanluisa, titular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), para tratar los avances y cumplimientos de las disposiciones transitorias, contempladas en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
La normativa establece que este líquido es patrimonio nacional estratégico de uso público, al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Además, lo considera un elemento esencial para la vida y fundamental para la soberanía alimentaria, por lo que prohíbe cualquier tipo de propiedad privada sobre el mismo. El Estado asegurará el acceso equitativo a este recurso natural, cuya gestión es pública y comunitaria.
De ahí que el objetivo de la Ley de Aguas sea garantizar el derecho humano a este líquido, de dominio inalienable, imprescriptible e inembargable.
La integración de todas las aguas (superficiales, subterráneas y atmosféricas) en el ciclo hidrológico con los ecosistemas es uno de los principios rectores de la normativa, al igual que la protección y conservación con un enfoque sustentable y sostenible, a fin de asegurar su permanencia y calidad.
La primera disposición transitoria determina que la autoridad del agua, en un plazo hasta de 360 días a partir de la promulgación de la ley, debe revisar las concesiones de derechos de uso y aprovechamiento de aguas en las cuencas, con el fin de identificar casos de acaparamiento o concentración de concesiones de agua para riego.
En esta misma línea, la cuarta transitoria contempla que la autoridad del agua, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y usuarios, deben desarrollar un inventario nacional de aguas superficiales, en un plazo de dos años después de la vigencia del cuerpo legal.
Mientras que para aguas subterráneas por cuencas hidrográficas, el plazo se extiende hasta cinco años. Cada año deben presentar un informe con el 20 % de los avances.
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