Ecuador está entre los 17 países más biodiversos del mundo. Las zonas que están en la Amazonía son consideradas un laboratorio natural. Sin embargo, existen plantas medicinales producidas en el país que son patentadas en otras naciones. A esto se le conoce como biopiratería.
El tema fue ampliamente analizado esta mañana, antes de la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica.
Según los asambleístas, el problema no es que existan beneficios para el mundo, sino que los pueblos y comunidades de donde se extraen esos conocimientos no reciben nada y, lo que es peor, no pueden hacer uso de esas plantas.
Ocurrió en los años 90, cuando un investigador norteamericano se llevó una muestra de ayahuasca, la sembró y luego patentó. Hubo que levantar una movilización internacional para que esa patente se revirtiera. Por estas razones, el legislador Carlos Viteri cree que Nagoya es una herramienta que establece los lineamientos en el proceso de acceso a recursos genéticos para distintos fines, porque regula que los beneficios que se deriven del uso tengan una justa y equitativa distribución.
Sin embargo, entre algunos parlamentarios rondó una preocupación y es que se pierdan derechos. Luis Fernando Torres pidió que se aplace la aprobación del informe hasta tener uno concluyente de la Corte Constitucional (CC) que establezca si se necesita una Consulta Prelegislativa. Esta moción la respaldó el legislador Héctor Muñoz, quien dijo que en el dictamen de la CC no se hace un análisis detallado de si el protocolo atenta o no contra los derechos colectivos de las comunidades.
Respuesta inmediata
Estas dudas las despejaron, de forma inmediata, las asambleístas Doris Solíz y Marcela Aguiñaga, quienes insistieron en que existe normativa complementaria para evitar que se atente contra los derechos colectivos: “El dictamen de la CC lo tenemos reforzado con las preocupaciones señaladas. El protocolo fue suscrito por los 100 países de mayor diversidad. Tenemos nueva normativa que fortalece las herramientas jurídicas para la aplicación del protocolo de Nagoya”, dijo Soliz.
Dentro de las bondades del documento está el que permite reducir la brecha tecnológica entre los países en vías de desarrollo, que son los dueños de la biodiversidad, y los desarrollados, usuarios de esa biodiversidad. Para Marcela Aguiñaga no se trata de mitos y teorías sin fundamento, sino de respaldar con marcos jurídicos internacionales, que permitan hacer respetar los conocimientos de los pueblos y nacionalidades. Finalmente, el protocolo se aprobó con 73 votos a favor.
MC
