Con la presencia de cientos de trabajadores y servidores públicos del país, el Pleno de la Asamblea recibió, en comisión general, a Nancy Guayasamín Arias, extrabajadora del Registro Civil, quien recalcó que comprobar el acoso laboral es complejo. Sin embargo, dejó claro que el hostigamiento de las malas jerarquías es lo que se vive día a día, en los campos público y privado.
En abril de 2017 fueron notificados 20 funcionarios de esta entidad, cuyo documento, según dijo, carecía de justificativos para el despido. Detalló los casos de otras extrabajadoras que también fueron víctimas, unas son de carrera y otras sufrieron enfermedades degenerativas.
Las mismas pasaron por hostigamiento, represiones, vejámenes, rumores y ofensas verbales, cuyo desenlace fue el cese de funciones. Todo eso desembocó en trastornos nerviosos, insomnio, depresión, estrés y frustración ante la imposibilidad de defenderse de los jefes. “Somos víctimas de la antipatía y violencia psicológica recurrente de una persona que no supo respetar nuestras circunstancias familiares y afectivas”, aseveró.
Tras señalar que está cuatro meses en la desocupación, exhortó que les permitan reinsertarse en el campo laboral, porque ahora no pueden solventar sus necesidades mínimas.
Otro caso
Sonia Salamea, procedente de Cuenca, explicó que siendo funcionaria del Ministerio de Salud, hace dos años, se le despidió cuando atendía a una paciente, sin que exista la debida motivación. Planteó que se le restituya a su puesto de trabajo.
Sonia, integrante de la Red de Familiares de Víctima de Femicidio, también hizo referencia a las circunstancias que rodearon a la muerte de su hija, Cristina Palacios, asesinada por un excompañero de trabajo. Enfatizó que las víctimas no tienen derecho al trabajo.
El segundo debate de este tema se suspendió y será retomado en los próximos días, según lo anunció el presidene de la Legislatura, José Serrano.
RSA
