A criterio del asambleísta Ricardo Zambrano, presidente de la mesa, la aprobación de la normativa fue “un hito y emblema en materia de ordenamiento hídrico en el país”. En ella se establecieron varias disposiciones para efectivizar la defensa de este fundamental recurso y su acceso a la población, por lo que es clave conocer sus avances. La oportunidad también es propicia para revisar los términos del acuerdo ministerial en relación a la tarifa para el metro cúbico de agua cruda.
Humberto Cholango informó que la Senagua suscribió un contrato de consultoría con la empresa Ineco, con fecha 17 de marzo de 2015, para la ejecución de seis de las 11 transitorias: acaparamiento del agua para riego, sustitución de concesiones por autorizaciones, cancelación de concesiones con plazo indefinido, cancelación de aguas termales sin títulos de las tierras, regularización excepcional de usuarios informales, inventario de las juntas de agua y juntas de regantes.
“Ante la baja calidad de productos y falta de trabajo de campo, la Secretaría terminó, unilateralmente, el contrato el 10 de agosto de 2017”, dijo, al enfatizar que los temas de inventario nacional de aguas superficiales y subterráneas, implementación de sistemas de agua potable y saneamiento a cargo de los GAD, resolución de trámites de autorización, regulación y cancelación de aguas termales sin títulos de las tierras; delimitación de las zonas y áreas de protección hídrica y dominio hídrico público, se trabajan por administración directa.
Acceso universal
Según Cholango, se requiere una inversión de siete mil trescientos millones para garantizar acceso universal al agua potable y saneamiento, en el período 2015 – 2024. Para ello, es fundamental determinar con claridad las áreas de protección hídrica y evitar que se siembre, incluso, dentro de las acequias.
MG
