Luego de un intenso análisis en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, con nueve votos a favor, se aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, que reconoce y garantiza los derechos lingüísticos individuales y colectivos.
El proyecto busca que el Estado garantice la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. Durante el proceso de análisis, la mesa de trabajo recibió observaciones de diversos sectores, que se incluyeron dentro del proyecto. Una de las conclusiones a las que llegaron los asambleístas es que al contar con un gran número de habitantes que hablan lenguas ancestrales es necesario que la legislación se adapte, para que se reconozca y respete la tradición histórica del país.
Hubo consensos, como la obligación de viabilizar las demandas de los pueblos y nacionalidades, mayoritariamente indígenas, que buscan respeto, reconocimiento y revitalización de sus lenguas como su legítimo derecho de expresión.
Lo relevante
Dentro de los puntos importantes de la normativa se establece que los ministerios rectores de educación y cultura, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo con sus competencias, impulsen la producción, recolección, conservación y difusión de materiales escritos y audiovisuales en lenguas ancestrales.
Además, el Estado, a través del ente rector de la política lingüística, en coordinación con las autoridades competentes de todos los niveles de educación y las universidades públicas y privadas, impulsarán la creación de programas de formación y acreditación de traductores e intérpretes profesionales en lengua ancestral.
Dentro del articulado se prevé que el Estado tome las medidas necesarias para fomentar el uso de las lenguas ancestrales en actividades mercantiles, culturales, deportivas, religiosas, asociativas y de otros tipos. Además, fomentará la producción artística en el ámbito musical, audiovisual, artes escénicas y de otro tipo, en lenguas ancestrales.
El alcance de la ley busca que el reconocimiento de estos derechos tenga un impacto directo, como en los ámbitos de la educación y administración pública, pero también en las instituciones privadas. Se reconoció que es necesario que existan servidores públicos que hablen lenguas como kichwa y el shuar, para la debida atención al público.
MC
