Este sábado 19 de agosto, desde las 08h30, los asambleístas que forman parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, sesionarán en Kimsakocha, provincia de Azuay. El objetivo es socializar el Proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana que, entre otras cosas, busca regular todo lo que se refiere a las consultas populares, revocatorias de mandato, convocatorias a la Asamblea Constituyente y el derecho a la consulta previa en los proyectos de explotación de recursos naturales.
Dentro de la sesión se prevé dialogar con representantes del Consejo de Gobierno del Movimiento de los Indígenas de Ecuador (Ecuarunari), quienes pondrán sobre la mesa el tema de las concesiones mineras y las afectaciones que, según ellos, existen sobre el agua. Para quienes habitan en la zona, lo sucedido es contradictorio con los derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana y otros instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas.
A inicios de este año, los miembros de las comunidades, en un encuentro, expusieron la problemática que los afecta. Al final, se manifestaron en contra de la criminalización de la protesta, la persecución de líderes comunitarios y las concesiones mineras entregadas a empresas extranjeras sin consentimiento libre, previo e informado.
Mayores garantías
Héctor Yépez, presidente de esa mesa de trabajo, aseguró que el Código pretende garantizar la revocatoria del mandato para que el pueblo pueda remover a sus autoridades, siempre que existan causas claras establecidas en la ley. Además, dijo que amplía requisitos y determina procedimientos para la designación de las autoridades de control y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: “Hay que mejorar los mecanismos de participación ciudadana”.
Uno de los temas tratados a lo largo de las últimas sesiones de la Comisión tiene que ver con la figura de la silla vacía, que para Yépez, es otra forma de participación ciudadana, que en la práctica no se aplica en algunos niveles de gobierno municipal y provincial: “Es un espacio de deliberación entre lo estatal y la sociedad para el seguimiento de las políticas públicas, pero existen muchas trabas para que el pueblo ejerza este derecho”, dijo.
MC
