En la sesión 470, el Pleno resolverá el quinto veto parcial enviado por el Ejecutivo, en lo que va de este período. José Serrano Salgado, titular del Parlamento, convocó a los asambleístas para este jueves, 24 de agosto, a las 10h30, a fin de tramitar las objeciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero.
Los legisladores debatirán el informe no vinculante que preparó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En esta mesa se estudió el cuerpo legal, que tiene como objetivo impedir que funcionarios públicos y representantes de elección popular puedan tener bienes de cualquier naturaleza en países catalogados como paraísos fiscales.
El pasado 16 de agosto, la Comisión de Justicia aprobó, con 11 votos afirmativos y uno en contra, el informe sobre el veto. La mesa recomienda al Pleno la ratificación de los textos de los artículos 2, 8 y 9, así como el allanamiento a las disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta, observadas por el Ejecutivo.
Las excepciones es uno de los artículos en los que la Comisión piensa que la Asamblea debe mantener su postura. Permite que no se incluya en la Ley a becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asambleístas por las circunscripciones del exterior, cuya residencia corresponda a una jurisdicción considerada como paraíso fiscal.
En tanto, el texto original al Artículo 8 dispone que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) sean quienes procedan a la destitución de las autoridades ejecutivas de los mismos. Para otros funcionarios esa responsabilidad la ejercerá la Contraloría General del Estado. La Comisión aclara que el aporte del Ejecutivo deja suelto el procedimiento a seguir en el caso de los gobiernos locales.
Otra de las observaciones que no acogió la mesa parlamentaria es la relacionada a la destitución de autoridades. El proyecto propone que, en el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, así como de asambleístas, sea el Parlamento el que proceda a la destitución, si tuvieran bienes en paraísos fiscales y no los hayan repatriado. El veto establece que sea la Corte Constitucional, lo que contradice el texto constitucional.
LILA
